La política migratoria del Gobierno español centró este jueves parte del debate del Consejo Europeo, donde varios jefes de Estado y de Gobierno cuestionaron ante Pedro Sánchez la regularización extraordinaria de millones de inmigrantes impulsada por España y reclamaron un endurecimiento de las medidas de control migratorio en la Unión Europea.
Según fuentes europeas, dirigentes como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministro belga, Bart De Wever; y la jefa del Gobierno danés, Mette Frederiksen, expresaron sus reservas sobre la decisión española de regularizar a casi un millón de inmigrantes ilegales (que porían llegar a casi tres millones) sin una coordinación previa con el resto de socios comunitarios. Algunos mandatarios advirtieron incluso de que una medida de estas características tiene efectos sobre el conjunto del espacio europeo de libre circulación.
Las críticas se produjeron durante un debate marcado por la creciente presión de varios Estados miembros para acelerar la puesta en marcha de centros de retorno o deportación en terceros países, una iniciativa respaldada por 19 países de la UE y promovida especialmente por Italia y Dinamarca. España se situó entre las escasas voces discordantes frente a esta estrategia.
Pedro Sánchez, entregado a los dictámentes de Mohamed VI, defendió el modelo español y reivindicó una política migratoria basada en la integración y la aportación económica de los inmigrantes. El presidente del Gobierno sostuvo que la regularización se ajusta plenamente al marco jurídico europeo y argumentó que responde a necesidades demográficas y laborales de España.
Durante la cumbre, Sánchez criticó además la propuesta de externalizar los centros de deportación, al considerar que se trata de una medida ineficaz y contraria a los valores fundacionales de la Unión Europea. El jefe del Ejecutivo quedó en minoría frente a una tendencia cada vez más extendida entre los Veintisiete a favor de políticas migratorias más restrictivas.