En OK Diario, Luz Sela publica una excelente información sobre un asunto sobre el que vengo yo insistiendo desde hace tres años. Pedro Sánchez está preparando un censo electoral que puede dar la vuelta a las previsiones de las encuestas científicamente serias sobre las elecciones generales. Cualquier persona a la que se otorga la nacionalidad española tiene derecho a votar. No es una trampa. Puede ser una jugarreta. Pero no es una trampa. Se trata de una operación plenamente legal. Los cientos de miles de inmigrantes nacionalizados tienen derecho al voto. Los hijos y nietos de los republicanos que se exiliaron en 1939 pueden votar en las elecciones generales, al recibir la nacionalidad española que generosamente Pedro Sánchez les concede.
Luz Sela se refiere en su excelente artículo a la llamada Ley de Nietos y asegura que incluso se otorga la nacionalidad a los tataranietos de los españoles que emigraron en 1905. Pedro Sánchez va a por todas. El Gobierno, según Sela, ha abierto una vía especial para agilizar el derecho al voto de los nietos del exilio ya nacionalizados y, además, ha eliminado las trabas de los Consulados que impedían el derecho al voto automático. El resultado es que, por poner un ejemplo, Argentina dispondrá de más personas con derecho al voto en nuestra nación que el 95% de las ciudades españolas. El senador socialista César Mogo descarnó la jugarreta sanchista al declarar: “Cuando se culmine el proceso, los españoles residentes en Argentina serán la tercera o cuarta provincia española por número de posibles votantes, después de Madrid y Barcelona”. A fecha junio de 2026, en Argentina se cuentan ya 543.971 personas nacionalizadas que podrán votar en las elecciones del año que viene. Y en el conjunto internacional quizá se supere el millón.
Tal vez no fuera mala idea que Alberto Núñez Feijóo y su corte de agradaores dejaran de contemplar el espectáculo y tomaran medidas eficaces ante lo que se avecina. Existen varias fórmulas. Pero hay que trabajárselas y ponerlas en marcha.