El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda González, y a otras 24 personas en el marco del caso Leire Díez por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
El magistrado ha tomado esta decisión a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción en relación al rescate de Tubos Reunidos. Según el informe de Anticorrupción, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino en la sede del PSOE una agenda con anotaciones manuscritas relativas a la ayuda pública a la compañía Tubos Reunidos, vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI.
En dicho escrito, el Ministerio Fiscal se hace eco del hallazgo de la UCO, que en virtud de un requerimiento dirigido al PSOE, intervino en su sede de la madrileña calle Ferraz "diversas evidencias", entre ellas la citada agenda con anotaciones sobre Tubos Reunidos.
Tales anotaciones "pondrían de manifiesto" que el exdirigente socialista Santos Cerdán "habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos, así como del papel desempeñado por los distintos investigados en relación con la obtención de la autorización correspondiente".
El juez Pedraz también ha citado a otras 24 personas, entre los que se encuentran el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, Julián Mateos Aparicio Priet o la exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha, Rosario Arévalo, tras encontrar "incidios de criminalidad".
La Audiencia Nacional investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno que, entre otros asuntos, incluye el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok (Nosotros tres, en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda.
En un informe, la UCO explica que Leire Díez y Vicente Fernández "propusieron acudir" a Santos Cerdán y Antxon Alonso (empresario al que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista) para "impulsar" la ayuda cuando esta estaba bloqueada.
Asimismo, explica que el grupo Hirurok intermedió con "algún miembro del Partido Nacionalista Vasco", lo que "podría haber contribuido" a que la ayuda llegase a término.
A cambio de esta gestión percibieron un total de 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera "mendaces" ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones efectuadas para que la SEPI aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.
Pero la decisión de Pedraz amplía el foco de la investigación a otras empresas, entre ellas Enusa, y no se limita a la de Tubos Reunidos.
Para la Fiscalía Anticorrupción, existen indicios fundados de irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas, además de Tubos Reunidos: Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias y Forestalia.
Además, la UCO señala el destacado papel que habría desempeñado el que fuera presidente de la Sepi, Vicente Fernández, que "con razón de esta operativa" -sobre Tubos Reunidos- "habría facturado 40.000 euros".
Los agentes sospechan asimismo que en un periodo en el que todavía no se había producido el nombramiento de un nuevo presidente de la SEPI, Vicente Fernández "habría continuado de facto actuando como tal", y han constatado "su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones".
Otros imputados son el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga Arona; la directora corporativa de esta empresa Rosário Arévalo Sandez; el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el exmiembro del consejo consultivo andaluz y catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo y estrategia en Isdefe, María Teresa Castillo Pasalodos, y el expresidente de Mercasa José Ramón Sempere Vera.
También, el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi, Julián Mateos Aparicio Priet; el exinterventor general de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Figueroa Teva; el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta; el exconsejero de la empresa Jesús Pérez Rodríguez Urrutia; el director corporativo de Sepi Miguel Ángel Santiago Mesa, y el consejero delegado de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras.
Asimismo, los directivos de Sepi Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra; el letrado de la Junta de Andalucía Fernando Albert Aragon, y el hijo del dueño de Forestalia Antonio José Sánchez Campos.
También figuran como imputados María de la Concepción Ortiz Fuerte; Marcos López Domingo; Fernando Samper Rivas; Roberto Pérez Águeda; Eduardo Pérez Águeda; Carmelo Aznarez Pellicer; Juan Ignacio Fernández-Micheltorena y Mikel Arrarás Abejón.