No hay día que no se descubra un nuevo caso de corrupción del Gobierno. El último, el protagonizado por la SEPI, no es menor. Con la imputación de la actual presidenta, Belén Gualda, ya están investigados por la Justicia los tres presidentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales nombrados por Pedro Sánchez en la empresa. Bartolomé Lora y Vicente Fernández completan el trío.
Se trata de una empresa que gestiona sus participaciones en empresas públicas y privadas, entre otras muchas, Red Eléctrica, Telefónica, Correos, RTVE y Enagás, y que depende directamente del Ministerio de Hacienda. De modo que, además del jefe del Ejecutivo, María Jesús Montero ha nombrado a dedo a los presidentes ahora imputados por cometer irregularidades en las adjudicaciones de contratos públicos y en la concesión de ayudas estatales, como el rescate por importe de 112 millones de euros de Tubos Reunidos, que exigió el PNV.
El nuevo caso de presunta corrupción se conoció este lunes. La Audiencia Nacional imputó a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en el caso Leire, tras apreciar “indicios de criminalidad”. En esta causa también está investigado Vicente Fernández, el presidente anterior. Resulta evidente que la SEPI ha sido utilizada para ejercer influencia en las empresas e intervenir en empresas privadas y modificar sus órganos de Gobierno, como ha ocurrido recientemente en Telefónica y en Indra. Y, así, desde Moncloa se han cambiado a los presidentes de dos grandes empresas por decisiones meramente políticas.
La SEPI, como decimos, que cuenta con un presupuesto de nada menos que 7.384 millones de euros, ha sido utilizada por el Gobierno para ejercer influencia en el mundo empresarial. Pero, entre tanto, sus presidentes están imputados por cometer presuntos delitos de corrupción al favorecer rescates por intereses políticos. Y la trama de las cloacas del PSOE, liderada por Leire Díez no podía ser ajena. Por su participación en el rescate de Tubos Reunidos, por ejemplo, está acusada de cobrar una comisión de más de cien mil euros. Y es que Pedro Sánchez decidió apuntalar dicho rescate a cambio del apoyo parlamentario del PNV. Porque para el presidente del Gobierno lo único importante es mantenerse en el poder, aunque sea a costa de derrochar el dinero de todos los españoles. Y así, hasta 2027 y, si le salieran las cuentas, todavía más allá.