Carece de importancia, esa es la verdad, que el Tribunal Supremo anuncie la posible parálisis de la regularización por discrepancias europeas. El problema de la regularización no es la regularización. El problema es que al inmigrante irregularizado no se le puede otorgar la nacionalidad y con ella el derecho a votar. La regularización es solo un paso que permite otorgar legalmente la nacionalidad y con ella el voto.
En el año 2022, el censo total -no el electoral sino el total- se cifraba en los 47 millones de habitantes. Con tendencia a la disminución porque los hijos por mujer no pasaban del 1,2. Pedro Sánchez ha anunciado con regocijo que el censo total se elevará dentro de unos meses a 50 millones, es decir, 3 millones más de los que en el mejor de los casos tendría España, sin inmigrantes ni “nietos”.
La jugada de Pedro Sánchez, constitucionalmente legal, elude el pucherazo y plantea desde un censo electoral que desconocemos la burla a las encuestas serias. Se produce, además, por lo que respecta a los nietos, la paradoja de que aquellos que no viven en España ni pagan impuestos en nuestra nación decidirán los impuestos que debemos pagar los que sí vivimos en España. Menuda incongruencia. Pero no se trata de una especulación. La cifra real del censo electoral cuando este se haga público demostrará los cientos de miles de nuevos votantes en las elecciones generales, introducidos por decisión del líder sanchista.
Se ha generalizado la idea entre todos los grupos de la oposición de que Pedro Sánchez hará todo lo posible para evitar que le trasvasen desde la butaca presidencial de Moncloa al banquillo de los acusados. La regularización de inmigrantes y la llamada ley de nietos forma parte de la operación en marcha gestionada tanto en España como en el extranjero por destacados políticos y colaboradores del sanchismo.