La Agencia Tributaria tiene abiertas inspecciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas, Alba y Laura, así como al empresario Julio Martínez Martínez y ha preguntado al juez que les investiga en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, si paraliza estos procedimientos.
La Agencia Tributaria en Madrid y en Comunidad Valenciana han enviado sendos escritos al juez que investiga el caso Plus Ultra para indicar que tienen inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, desde 2021 a 2024 a varios de los acusados e indicando que, si las paraliza, se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria.
También investiga Hacienda respecto a Zapatero y su esposa, quien no está investigada por el juez, lo referido al impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entre 2002 y 2024.
Hacienda ha preguntado al juez si paraliza estos procedimientos, indicándole que si lo hace se interrumpen los plazos de prescripción para determinar la deuda tributaria y que solo puede suspender los procedimientos inspectores abiertos por una "prejudicialidad penal" con orden del órgano jurisdiccional.
En respuesta a ambos escritos, con fecha 29 de junio, Calama ha dictado este viernes una providencia en la que traslada esta cuestión a la Fiscalía para que informe al respecto.
La Agencia Tributaria detalla al juez que tiene abiertas "actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general" respecto a Zapatero y su mujer desde el pasado 15 de junio respecto a IRPF, IVA e impuesto de patrimonio en el periodo de 2021 a 2024, que abrió el pasado 15 de junio, cuando el expresidente ya estaba investigado por el juez Calama.
Además, desde el 22 de junio investiga también el IPRF de las hijas del expresidente, investigadas por Calama desde el día 18 de ese mes, así como el impuesto de sociedades y el IVA de la empresa de ambas, What the Fav, que el juez sospecha que podía ser una sociedad instrumental para redistribuir pagos al entorno de Zapatero.
En el caso de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y también investigado dentro del procedimiento, es la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana la que desde el pasado 23 de junio inspecciona el IRPF que ha abonado entre 2021 y 2024.
También está comprobando Hacienda las declaraciones de impuesto de sociedades e IVA entre 2021 y 2025 de más de una decena de empresas, incluidas algunas de las que investiga el juez, como Idella Consulenza, compañía de Julio Martínez Martínez con la que Plus Ultra suscribió un contrato de asesoramiento cuya remuneración era el 1% más IVA del importe de la ayuda pública a la aerolínea.
El juez José Luis Calama investiga al expresidente Zapatero, sus hijas y el empresario Julio Martínez Martínez tras apreciar indicios de que formaban parte de una red que intermediaba ante instancias públicas a favor de terceros, principalmente Plus Ultra.
El exlíder del PSOE tiene además abierta otra investigación por presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando tras hallar la policía joyas por valor de 1,3 millones de euros en su oficina, en la que se ha personado Hacienda a través de la Abogacía del Estado.
El grupo empresarial peruano Gloria ha admitido haber pagado 200.000 euros en 2024 a Zapatero para intermediar con las autoridades de Bolivia en relación a una intermediación para una de sus empresas, según recoge un informe de la UDEF.
En una comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, Gloria ha explicado que buscó la asesoría e intermediación de Zapatero para que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de las filiales del conglomerado en Bolivia, recibiese la indemnización que considera le corresponde desde hace 16 años por la expropiación de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de la que Soboce tenía el 33% de las acciones.
"La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente", ha asegurado el grupo con sede en Lima.
"En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia, insinuación interesada vertida por los medios de comunicación, que Soboce rechaza tajantemente", ha añadido.