El desconocimiento general del dinero recuperado de la corrupción
Cada vez que se destapa un gran caso de corrupción, la indignación ciudadana suele concentrarse en las mismas cuestiones: quién robó, cuánto robó, quién le ayudó y qué condena recibirá. Sin embargo, una vez dictadas las sentencias, existe una pregunta tanto o más importante que raramente ocupa titulares: ¿se recupera realmente el dinero robado?
La cuestión no es menor. De poco sirve condenar a un corrupto a varios años de prisión si el patrimonio obtenido ilícitamente permanece oculto, se desvanece entre sociedades instrumentales o termina fuera del alcance de las autoridades. La verdadera eficacia de una política anticorrupción no debería medirse únicamente por el número de condenas, sino también por la capacidad de recuperar los bienes sustraídos al interés general y devolverlos a la sociedad.
Sin embargo, cuando se analiza el sistema español de recuperación de activos procedentes de la corrupción, emerge una realidad paradójica: existen diversos instrumentos legales concretos para perseguir el patrimonio ilícito, pero continúa habiendo importantes carencias de transparencia respecto a cuánto se recupera realmente, qué se hace con ese dinero y cuál es su destino final.
Un necesario marco legal para que el delito no resulte rentable
Durante décadas, la respuesta penal a la corrupción se centró fundamentalmente en el castigo personal de los responsables. No obstante, la experiencia ha demostrado que muchos condenados se quedaban una parte sustancial de los beneficios obtenidos mediante sobornos, malversaciones, tráfico de influencias o fraude en la contratación pública.
Para evitar esta situación, tanto España como la Unión Europea han impulsado reformas dirigidas a privar a los delincuentes de las ganancias obtenidas ilícitamente. En España, el Código Penal regula el decomiso de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas. Las reformas introducidas en los últimos años han ampliado considerablemente las posibilidades de actuación de los tribunales mediante mecanismos como el decomiso ampliado, el decomiso por valor equivalente y la recuperación de bienes transferidos a terceros con finalidad de ocultación.A estas herramientas se añadió en 2015 la creación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia. Su función consiste en localizar, administrar, conservar y, cuando procede, vender los bienes embargados o decomisados en procedimientos penales.
La Unión Europea ha seguido una línea similar. La más reciente Directiva (UE) 2024/1260 sobre recuperación y decomiso de activos refuerza las obligaciones de los Estados miembros para localizar patrimonio ilícito, congelarlo preventivamente, gestionarlo eficazmente y decomisarlo de forma definitiva cuando exista condena o concurran determinadas circunstancias previstas por la ley.La filosofía que inspira estas reformas es sencilla: el crimen no debe ser rentable. Pero entre el principio jurídico y la realidad práctica existe una distancia considerable.
Recuperar el dinero es bastante más difícil que dictar una sentencia
La imagen popular del corrupto suele asociarse a maletines llenos de dinero o cuentas bancarias fácilmente identificables. La realidad es mucho más compleja. Los fondos procedentes de la corrupción suelen circular a través de entramados empresariales, sociedades instrumentales, fiduciarias, paraísos fiscales y operaciones internacionales diseñadas precisamente para dificultar su localización.
Por otra parte, los procedimientos judiciales por corrupción suelen prolongarse durante años, e incluso décadas. Durante ese tiempo los bienes pueden deteriorarse, perder valor, desaparecer o cambiar reiteradamente de titular. Por este motivo, la recuperación patrimonial constituye una de las tareas más difíciles dentro de la lucha contra la corrupción.Paradójicamente, resulta posible condenar a un corrupto y, sin embargo, recuperar sólo una parte limitada de los beneficios obtenidos mediante el delito.
Cuánto dinero se recupera realmente
Esta debería ser una pregunta básica para cualquier democracia. Sin embargo, no existe una respuesta clara y fácilmente accesible. España carece actualmente de un sistema estadístico integral que permita conocer de forma precisa y periódica: a) Cuánto dinero se ha perdido por corrupción; b) Cuánto patrimonio ha sido embargado; c) Cuánto se ha decomisado definitivamente; d) Cuánto se ha recuperado efectivamente; e) Qué porcentaje representa respecto al daño económico causado.
La información disponible aparece dispersa entre memorias de la Fiscalía Anticorrupción, informes judiciales, estadísticas del Ministerio de Justicia y datos de la ORGA. El resultado es que el ciudadano puede conocer con relativa facilidad cuántas personas han sido condenadas por corrupción, pero tiene muchas más dificultades para saber cuánto dinero ha regresado efectivamente a las arcas públicas.La propia ORGA ha gestionado en los últimos años activos valorados en cientos de millones de euros procedentes de diversos delitos. Sin embargo, esas cifras incluyen también narcotráfico, blanqueo de capitales, fraude fiscal y delincuencia organizada, por lo que resulta difícil determinar qué proporción corresponde exclusivamente a casos de corrupción política o administrativa.
Todavía más complicado resulta conocer la relación entre el dinero recuperado y el dinero sustraído. Si un escándalo provoca un perjuicio de cien millones de euros, la cuestión fundamental no es únicamente cuánto se embarga inicialmente, sino cuánto termina ingresándose efectivamente en las cuentas públicas tras años de litigios, recursos y procedimientos de ejecución. Y sobre esta cuestión existe una notable opacidad informativa.
Qué se hace con el dinero recuperado
En teoría, el destino de los fondos recuperados está claramente definido: En primer lugar, deben satisfacerse las responsabilidades civiles derivadas de las sentencias. Cuando existe una administración perjudicada, una entidad pública afectada o víctimas identificables, la finalidad principal es reparar el daño ocasionado. Posteriormente pueden cubrirse los gastos derivados de la gestión, administración y conservación de los bienes recuperados.
Además, una parte de los recursos puede destinarse a programas relacionados con la lucha contra la criminalidad, la asistencia a víctimas o determinadas actuaciones de interés público.
Finalmente, una vez cumplidas estas finalidades, el dinero acaba integrándose en el patrimonio público y en los recursos generales del Estado. Y es precisamente aquí donde aparece uno de los problemas más relevantes desde la perspectiva de la transparencia, ya que una cosa es afirmar que el dinero vuelve al Estado y otra muy distinta permitir a los ciudadanos conocer exactamente qué ocurrió con esos fondos.La trazabilidad del dinero recuperado constituye probablemente el aspecto más débil del sistema actual. Cuando una administración construye una carretera, financia un hospital o concede una subvención, existen mecanismos presupuestarios que permiten conocer razonablemente el destino de los recursos públicos. Sin embargo, cuando se trata de fondos procedentes de decomisos por corrupción, el seguimiento resulta mucho más difícil.
Esta falta de información no implica necesariamente una gestión incorrecta, pero sí limita gravemente la rendición de cuentas. En una democracia madura, los ciudadanos no deberían conformarse con saber que el dinero ha sido recuperado. También deberían poder conocer cómo se administra y para qué se utiliza.
Transparencia insuficiente para una materia esencial
La recuperación de activos constituye así uno de los ámbitos menos visibles de la política anticorrupción. Mientras los procesos judiciales generan titulares y cobertura mediática, la gestión posterior de los bienes decomisados permanece prácticamente fuera del debate público.
No existe un Portal unificado que permita consultar de forma sencilla y actualizada el ciclo completo de recuperación de activos. Tampoco existen indicadores públicos ampliamente difundidos que permitan evaluar la eficacia del sistema.
¿Cuánto cuesta recuperar un euro procedente de la corrupción? ¿Qué porcentaje de los bienes embargados acaba efectivamente realizado? ¿Cuánto tiempo transcurre entre el decomiso y el ingreso final de los fondos?. La ausencia de respuestas claras a estas preguntas revela que la recuperación de activos sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la transparencia institucional en España.
Cinco propuestas para mejorar la trasparencia y rendición de cuentas
La situación actual puede mejorar significativamente mediante reformas realmente factibles como las siguientes.
1) Crear un Registro Público de Recuperación de Activos: Debería existir una plataforma accesible para cualquier ciudadano que publicara anualmente información detallada sobre bienes embargados, decomisados, recuperados y ejecutados, con especial referencia a los delitos de corrupción.
2) Establecer indicadores oficiales obligatorios: Las Administraciones competentes deberían publicar cada año el porcentaje de recuperación respecto al perjuicio económico causado por los delitos de corrupción detectados.
3) Garantizar la trazabilidad completa del dinero recuperado: Todo euro procedente de decomisos debería poder seguirse desde su recuperación hasta su destino final mediante mecanismos de información pública accesibles.
4) Reforzar el control parlamentario y auditor externo: La actividad de la ORGA y de los organismos implicados debería someterse periódicamente a auditorías independientes presentadas ante las Cortes Generales.
5) Crear un Fondo Nacional de Integridad Pública: Una parte significativa de los activos recuperados debería destinarse obligatoriamente a financiar programas de prevención de la corrupción, protección de denunciantes, modernización de la justicia y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia.
Conclusiones
La lucha contra la corrupción no termina cuando se dicta una sentencia condenatoria. En realidad, la verdadera prueba de eficacia comienza después: localizar el patrimonio ilícito, recuperarlo, administrarlo correctamente y garantizar que vuelva a beneficiar al conjunto de la sociedad. España dispone hoy de herramientas legales más avanzadas que nunca para perseguir las ganancias obtenidas mediante actividades corruptas. Sin embargo, persisten importantes déficits de transparencia respecto a la cuantía realmente recuperada, la eficacia del sistema y el destino final de los recursos obtenidos.
Mientras los ciudadanos puedan conocer con facilidad quién fue condenado, pero no cuánto dinero regresó efectivamente al interés general ni cómo se utilizó después, seguirá existiendo un importante agujero negro en la rendición de cuentas pública. Y en materia de corrupción, los agujeros negros nunca son una buena noticia.