Ocurría en la campaña de las elecciones generales de 1982. El escuálido -en especial en el País Vasco- Partido Demócrata Liberal (PDL) de Antonio Garrigues Walker me presentaba como candidato al Senado por la provincia de Guipúzcoa. Con ocasión de una cena, creo que en el hotel Costa Vasca, recuerdo que mantuve un simpático contraste de pareceres acerca de la pérdida de tiempo y de recursos que suponían las campañas electorales y de su dudosa utilidad, dado que buena parte del voto estaría ya decidido de antemano. Mi interlocutor, un arquitecto donostiarra, opinaba que resultaba preferible hacer uso de una especie de permanente revalidación cotidiana de los electores, y que, tal vez con el auxilio de la extensa red de cajeros de que disponían entonces las entidades financieras, se verificaría esa confirmación o rechazo de los ciudadanos respecto de la labor del gobierno correspondiente. En el supuesto de que la mayoría de la población mostrara su disgusto por las acciones emprendidas caería el gobierno y sería sustituido por otro.
Esa conversación, que no pasaría de ser un divertimento, regresa a mi memoria cuando unos y otros -políticos, politólogos, sociólogos o tertulianos- nos advierten de los males de la polarización y de la más o menos evidente necesidad de introducir reformas de calado quirúrgico respecto del modo de funcionamiento de las democracias, que en no pocos países han reducido su práctica al solo ejercicio del voto.
A esta cuestión, y al análisis del trabajo de la profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Yale, Hélène Landemore, dedica un interesante comentario la revista Foreign Affairs de julio-agosto de este año.
Habrá que convenir que la polarización ha dejado al descubierto, como los objetos que quedan a la vista en la playa con la bajamar, que las democracias sometidas a semejante prueba de estrés no funcionan, porque son incapaces de resolver los problemas de fondo a los que deberían enfrentarse los políticos, cuando no crean éstos problemas artificiales que no existían antes de que ellos los inventaran. Además, las democracias, según Landemore, se encuentran tan viciadas que resultan irreformables, porque, a la ineficacia hay que sumar la corrupción. Todo lo cual supone un cúmulo de circunstancias que desaconsejan, por insuficientes, las reformas cosméticas, sólo útiles para maquillar lo que es simplemente inocultable, que el sistema está ya tan descompuesto que empieza a emitir el tufo del mal olor.
La erosión de la confianza ciudadana en este contexto está dando lugar a respuestas iliberales, que se corresponden con la admiración hacia los hombres fuertes a los que se refería Emma Bonino en los congresos del partido radical, cuyo liderazgo compartía ella con el inolvidable Panella.
La respuesta sería -según Hélène Landemore- una democracia abierta, una Open Democracy, que así titula ella su obra. En su propuesta, la profesora de Yale considera que el sistema podría mejorar si permitiera que los ciudadanos tuvieran una influencia y participación mas directas en la adopción de las decisiones públicas.
Plantea Landemore la sustitución de las instituciones representativas por el ejercicio directo del gobierno de los ciudadanos. Para ella, la raíz del desastre estriba precisamente en las elecciones, que crearían una clase política profesional que se ha demostrado inservible para la solución de los problemas. Una organización de profesionales de la política que, en cuanto acceden al poder, caen con facilidad en el vicio de la corrupción.
Para la evitación de esos males, Landemore cancelaría de un plumazo las elecciones, los políticos profesionales y los partidos. Los sustituiría por un parlamento nacional y unas asambleas locales, cuyos miembros serían elegidos por sorteo. Los así elegidos actuarían durante un determinado período de tiempo y estarían remunerados por su dedicación. Los ciudadanos validarían -o rechazarían- sus propuestas a través de constantes referendos.
Asegura la profesora Landemore que donantes y donativos a las campañas de los partidos, que tan frecuentes son y determinan tanto las políticas a emprender por los elegidos en los Estados Unidos, desaparecerían. Los lobbies -meras “avenidas para la corrupción”, según la autora- se marchitarían, toda vez que el oxígeno que precisan para su florecimiento -la clase política- se habría extinguido como consecuencia de la muerte provocada por el advenimiento de este nuevo sistema. Añade Landemore que los miembros de las asambleas elegidos por sorteo serían más representativos del conjunto de la sociedad que los actuales electos, ya que no tendrían que superar el filtro selectivo de los partidos políticos que sobre-representa a los titulados superiores respecto del común de los ciudadanos, y a los abogados sobre éstos y aquéllos -añadiría yo, siguiendo el hilo argumental de la profesora.
La idea del sorteo no es nueva. Remite a la democracia en la antigua Atenas, así como al gobierno de la ciudad de Florencia o a la elección del Dux de Venecia. Pero ya los atenienses advirtieron de la necesidad de proveer los cargos en los que las decisiones fueran más complejas por el procedimiento de la elección. También el citado comentario de la revista Foreign Affairs opone el argumento de la composición de los jurados en los Estados Unidos y las numerosas excepciones que se establecen.
Y en cuanto a la vía del referéndum respecto de la validación de las decisiones de estas asambleas, cabe formular una buena ristra de advertencias. Ya François Mitterrand acusaba al general De Gaulle de practicar el golpe de estado permanente -le Coup d’État permanent- debido a la prodigalidad con la que organizaba los referendos, ¿y qué decir con los montados por el general Franco? Por si fuera poco, ya hemos conocido las engañifas que los partidarios del Brexit montaron para que el Reino Unido abandonara la UE, y así les va: siete primeros ministros en diez años. Únase a ello que en estos procedimientos validatorios de las decisiones participa una fracción mínima de la población, y que ésta aprovecha con frecuencia dicha oportunidad, no para contestar a la pregunta, sino para castigar la mayor o menor incompetencia de los que someten la cuestión a su criterio.
Comparto desde luego la desconfianza de Landemore respecto del funcionamiento de la democracia y los partidos. Considero que existen sobrados motivos para la abolición de estos últimos… si no fuera porque a continuación habría que crearlos de nuevo.
No. Hablemos más bien de reformar el sistema, que existe mucho recorrido, y dejemos mi conversación con el arquitecto de San Sebastián en el siempre grato recuerdo de una plática intrascendente.