La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido tanto al juez como a la Agencia Tributaria que suspenda la inspección que Hacienda le ha abierto tras ser imputado, que se extiende a su esposa, y que considera "unilateral" e iniciada "caprichosamente".
El exlíder del PSOE ha enviado un escrito a la Agencia Tributaria en la que pide declarar la nulidad de las inspecciones tributarias o, de forma subsidiaria, que Hacienda suspenda de oficio sus actuaciones inspectoras por prejudicial penal, al estar Rodríguez Zapatero investigado penalmente en la Audiencia Nacional.
Hacienda tiene abiertas desde junio inspecciones fiscales a Zapatero, a sus hijas Alba y Laura; a su esposa, María Sonsoles Espinosa, al empresario Julio Martínez Martínez y a varias empresas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos.
Así se lo comunicó el viernes la AEAT al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que le investiga en la causa de Plus Ultra por los supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación.
Argumenta la defensa de Zapatero que pese a existir un procedimiento penal en tramitación "la AEAT decide unilateral y caprichosamente iniciar un procedimiento inspector con el mismo alcance, algo constitucionalmente vedado".
Además, al comunicar su inspección Hacienda pide colaboración tanto a Zapatero como a su mujer, María Sonsoles Espinosa, lo que a juicio de su letrado coloca al expresidente "en una alternativa constitucionalmente diabólica, pues colaborar activamente con las AEAT puede ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en el caso contrario, exponerse a reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa".
La defensa del expresidente sostiene en su escrito que el inicio de estas inspecciones de manera "inmediatamente posterior" al auto penal sobre elementos conectados con la imputación provoca "una presión coactiva incompatible con la posición procesal del investigado".
"La investigación penal actualmente en curso tiene por objeto unos hechos que coinciden con los que sirven de fundamento a las actuaciones inspectoras, de modo que el pronunciamiento que recaiga en la jurisdicción penal resultará necesariamente condicionante para la correcta resolución del procedimiento tributario", argumentan sus abogados.
Por ello, considera que seguir con el trámite administrativo en Hacienda antes de que haya una resolución judicial "entrañaría un evidente riesgo de contradicción en la fijación de los hechos", y vulneraría "la doctrina consolidada del Tribunal Supremo".
Zapatero recuerda que le corresponde a la AEAT suspender la inspección, y añade: "No hacerlo es sencillamente un acto no sólo de irresponsabilidad sino una manifiesta, palmaria y ostensible arbitrariedad".