Por muchas pataletas contra el Estado de Derecho de Óscar Puente y la mayoría de los ministros, las sentencias de los distintos tribunales contra el entorno de Sánchez se basan en múltiples pruebas incriminatorias de los condenados aportadas en muchos casos por la UCO. Y por desgracia ya forman parte de la historia de España. Por primera vez un fiscal General del Estado ha sido condenado por revelación de secretos. También por primera vez, la mujer de un presidente de la democracia está sentada en el banquillo de los acusados y, ahora, su hermano ha sido condenado e inhabilitado 9 años por prevaricación. Lo nunca visto. Pero el presidente del Gobierno calla en lugar de dimitir, mientras sus corifeos intentan defenderle a la desesperada, con el argumento de que se trata de lawfare, de la cacería de la ultraderecha para derribar al Gobierno.
Las puñaladas de la Justicia a Pedro Sánchez demuestran que actúa como un dictador que abusa del poder para sobrevivir, mientras beneficia a sus familiares, a su fiscal y a sus ministros, aunque ahora dice que a José Luis Ábalos ni le conocía. La juez Beatriz Biedma, sin embargo, y a pesar del perverso acoso sufrido por los socialistas, incluso de maniobras de las cloacas para apartarla del caso, retrata mejor que nadie en su sentencia al “hermanísimo” ese nepotismo que guía al presidente del Gobierno. “Hemos de convenir que es una práctica poco ética que daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades, con merma de la eficiencia en el desempeño del empleo en las administraciones públicas. De igual manera, debemos recordar que el interés general, y no el particular de los futuros adjudicatarios de las plazas de empleo público, debe presidir la creación de las mismas. Ese trato de favor o enchufismo hacia familiares o amigos en orden a la obtención de puestos, ascensos o beneficios, ignorando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a los cargos públicos”.
La sentencia también recoge el método para enchufar al hermano del presidente “de forma espuria” la plaza de Coordinador de no se sabe qué; eso sí, cumpliendo con “sus apetencias personales”. El auto demuestra lo contario de lo que quiere hacer creer el Gobierno. Que el Estado de Derecho funciona, que los jueces son independientes y, en muchos casos como este, valientes por enfrentarse a la furia del Gobierno. La sentencia, además, ha sido dictada unánimemente por los tres magistrados de la Diputación Provincial de Badajoz, al igual que ocurriera con las de García Ortiz y Ábalos por el Tribunal Supremo.
Resulta ingenuo exigir la dimisión de Pedro Sánchez por su responsabilidad en todas las condenas. En cualquier país de la UE ya habría abandonado el cargo. Pero lo más inquietante es la reacción de esos ministros que guiados por el presidente atacan con furia el Estado de Derecho desde el corazón del Consejo de Ministros. Que buscan una legislación “ad hoc” para colonizar los tribunales de Justicia. Para que se plieguen a sus deseos, para que, como decía Sánchez de García Ortiz, “dependan” de él. Y, ese, es el último objetivo de este Gobierno llamado progresista: controlar el Poder Judicial, como ya controlan tantas y tantas Instituciones del Estado. Una “práctica”, que como diría la juez Biedma, “es poco ética y daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades”.