La Junta Electoral Central (JEC) ha solicitado a la Oficina del Censo un informe completo sobre la aplicación de la llamada 'ley de nietos' y el voto por correo de residentes ausentes, así como que elaboren una instrucción con criterios precisos para la determinación del municipio de inscripción electoral.
En su acuerdo de este jueves, la JEC responde así a escritos de diferentes formaciones políticas -entre ellas Vox- en relación con la interpretación y aplicación de la 'ley de nietos' y con la elaboración del Censo de Electores Residentes Ausentes que viven en el extranjero (CERA), como consecuencia de dicha regulación.
En concreto, la JEC se interesa sobre la "corrección jurídica" del procedimiento de actualización del Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) que viven en el extranjero y de la determinación del municipio de inscripción electoral, tras remitirle la Oficina del Censo un informe que no considera suficiente.
A la petición concreta de Vox para que la JEC acordara la no admisión del voto por correo desde el exterior, "mientras no ofrezca el mismo nivel de garantías que el exigido para el voto por correo desde España", recuerda a la formación de Santiago Abascal que no puede acceder a lo solicitado porque excede a sus competencias y recuerda que la administración electoral debe aplicar en todo caso los procedimientos dispuestos en la legislación mientras sigan vigentes.
Sobre la disposición dentro de la ley de memoria democrática que permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad española, llamada 'ley de nietos", la JEC señala que los escritos sobre los que se pronuncia se presentaron como consecuencia del incremento del número de personas que tras su aprobación han obtenido la misma.
En dichos escritos se cuestionaban los procedimientos previstos para la concesión de dicha nacionalidad y, especialmente, la repercusión que este incremento pueda tener en el censo electoral.
Recuerda la JEC que para la actualización del CERA son los consulados los que tramitan, conforme al mismo procedimiento que los Ayuntamientos, las altas y bajas de los españoles que vivan en su demarcación, así como sus cambios de domicilio producidos dentro de la misma o las solicitudes de cambio de adscripción a una nueva circunscripción.
LA JEC había solicitado a la Oficina del Censo Electoral, competente para supervisar el proceso de elaboración del censo, un informe sobre las cuestiones planteadas y, especialmente, sobre los mecanismos de actualización del CERA y su evolución desde la entrada en vigor de la 'ley de nietos'.
Dicho informe, explica la JEC, acredita la existencia de mecanismos de actualización, control y trazabilidad del CERA pero del mismo no puede deducirse un pronunciamiento claro sobre la corrección jurídica del procedimiento de actualización del censo y de la determinación del municipio de inscripción electoral, elemento "esencial" para la correcta formación del CERA.
"En consecuencia, los criterios aplicables deben ser objetivos, homogéneos, suficientemente acreditados y susceptibles de una aplicación uniforme por todas las oficinas consulares, garantizando así la igualdad de todos los electores", la transparencia y la correcta formación del censo electoral, subraya la Junta Electoral.
Por ello solicita a la Oficina del Censo que complete su informe sobre los citados extremos, así como sobre la manera en que puede reforzarse la objetivación y homogeneidad de los criterios aplicables por las oficinas consulares.
Le pide además una instrucción que estará dirigida a las oficinas consulares en la que se precisen los criterios aplicables para la determinación del municipio de inscripción electoral, especificando la forma de acreditar el mayor arraigo propio o de los ascendientes, la documentación justificativa que podrá aportarse y los supuestos y criterios en los que proceda la determinación de oficio del municipio de inscripción.
PP y Vox han valorado este jueves que la Junta Electoral Central (JEC) pida recabar más datos sobre la adscripción electoral que se otorgará a los nacionalizados con la 'ley de nietos' y han considerado que el máximo órgano para los comicios les da la razón sobre la necesidad de extremar la vigilancia ante las "dudas" sobre el censo exterior.
En un comunicado, el PP considera que la Junta da la razón a los populares al exigir mayores garantías en el proceso de adscripción al censo electoral exterior con "información adicional" y "nuevas instrucciones para garantizar la objetividad, homogeneidad y transparencia del procedimiento".
“Es una buena noticia porque no estamos hablando de una cuestión menor, sino de un proceso que puede afectar a más de dos millones y medio de solicitudes de nacionalidad y, en consecuencia, a la composición del censo electoral en el exterior”, destaca el PP.
Consideran los de Alberto Núñez Feijóo que Vox el pronunciamiento de la JEC acredita que existen "dudas relevantes sobre la correcta aplicación de los criterios de adscripción al censo electoral en el exterior" y que, citando la resolución del órgano electoral, deben basarse en reglas “objetivas, homogéneas, suficientemente acreditadas y susceptibles de una aplicación uniforme por todas las oficinas consulares”.
“Después de esta resolución, el Gobierno ya no puede seguir ignorando las dudas existentes”, advierte el PP en la nota.
Opina que la instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública "excede los límites de la legislación vigente", de forma que exigen que no se produzcan nuevas incorporaciones al censo derivadas de esta instrucción sin que antes se "hayan implantado plenamente" los criterios y garantías exigidos por la JEC.
Asimismo, reclama la publicación desglosada de las altas en el censo "como elemento indispensable de transparencia y control público".
Por su parte, el coordinador jurídico de Vox y jefe de la delegación del partido en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha ensalzado en su cuenta de la red X que la JEC exija motivar en qué provincia se inscribe a los electores nacionalizados por la 'ley de nietos'.
"Pedíamos, pedimos y conseguiremos mucho más. Pero es un primer paso. La JEC no puede obviar el riesgo electoral brutal denunciado por Vox", zanja en su publicación.