Quizá por la novedad de las circunstancias y con el permiso de las diferentes oficinas encargadas de regular el uso del lenguaje, acaba de agregarse una nueva palabra derivada de la dinámica política: narquear, un ramal relacionado con el narco.
Dicen los que saben y que a su vez conocen a los que dicen saber lo que saben y hasta lo que no saben que la sentencia penal el lunes pasado contra el gran capo de la droga mexicana Ismael El Mayo Zambada (76 años) marcará un nuevo punto culminante de la existencia los cárteles de la droga en México: prisión perpetua, una carta solicitando el perdón terrenal de sus pecados y la referencia muy directa de que se consideraba un “mediador político” en el estado de Sinaloa, sin duda el eje de poder y crimen de todos los grupos de narcotraficantes.
Un breve repaso del nacimiento del tráfico de drogas como estructura de poder social, económico, político, institucional, criminal y hasta estabilizador inicia con la irrupción del crimen organizado del narco el año de 1984: el prestigiado periodista Manuel Buendía publicó en mayo de ese año una columna en el periódico Excelsior, entonces el de mayor circulación e influencia, titulada simbólicamente como “Seguridad Nacional” y alertaba un llamado de atención a lo que se acababa de publicar en los diarios nacionales: nueve obispos católicos del sur de México, todos ellos vinculados a la Teología de la Liberación, denunciaban que con la pasividad y hasta complicidad oficial estaban naciendo grupos de traficantes de mariguana con estructuras de crimen organizado.
Dos semanas después del llamado periodístico de atención, Buendía fue asesinado en las calles de la entonces más popular zona de la clase media alta una tarde de viernes. Todos los datos refirieron que columnista había comentado que tenía en su poder nombres no sólo de los principales capos de la droga, sino de funcionarios, empresarios y sobre todo de todas las fuerzas de seguridad que estaban protegiendo a los narcos. Un dato se comprobaría un año después: el entonces responsable directo de la Dirección Federal de Seguridad --la policía política del régimen del PRI, fundada en 1947 por la naciente CIA en Estados Unidos y desde entonces articulada a la inteligencia americana--, José Antonio Zorrilla Pérez, aparecía como el protector del primer cártel mexicano de la droga: el de Guadalajara, y otro año después Zorrilla Pérez fue acusado formalmente de ser el responsable directo del asesinato del periodista Buendía justamente por el conocimiento de los funcionarios que apadrinaban al narcotráfico.
Cuarenta y dos años después, en el actual 2026, el capo conocido como el Mayo Zambada fue sentenciado a cadena perpetua, después de haber confesado de sus relaciones con el poder político. Zambada había sido secuestrado por un hijo de su compadre y segundo gran capo del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, subido a una avioneta y entregado a autoridades del FBI en un pequeño aeropuerto en el sur de Texas.
En este periodo de casi medio siglo, el narcotráfico mexicano fue detectado, denunciado y advertido como el problema de seguridad número uno de México y de Estados Unidos. Pero por las razones que cualquiera puede esgrimir --válidas y hasta inventadas--, el narcotráfico no sólo no fue acotado y destruido sino que creció al amparo de cuando menos tres circunstancias que no son secretas: la protección política de funcionarios y oficinas del Estado mexicano, la corrupción en todas las fronteras de Estados Unidos para el contrabando de droga hacia los adictos americanos y la permisividad estadounidense para el consumo de drogas.
En los momentos actuales, hasta las propias evaluaciones oficiales de la DEA --la agencia americana antinarcóticos encargada del combate el tráfico de drogas-- nueve cárteles mexicanos dominan un mercado de producción y contrabando que las propias autoridades ocultan en cuanto a su valor monetario y esos nueve cárteles mexicanos crearon en Estados Unidos en los últimos 20 años estructuras autónomas de poder dentro del territorio americano para recibir la droga procedente de los cárteles mexicanos, distribuirla en los 50 estados de la Unión Americana y promover la venta al menudeo en más de tres mil ciudades de EE UU que han sido ya identificadas como centros de distribución al menudeo de todos los estupefacientes.
Aunque en México hay un rechazo natural a la argumentación, en términos reales no se puede negar que el presidente Donald Trump tiene la razón al acusar a México de ser un narcoestado porque los cárteles de la droga tienen la protección oficial. El premio Nobel de economía Milton Friedman señaló que la demanda de drogas determina la oferta. Y en México, en el gobierno de López Obrador 2018-2024 se dejó de perseguir a los narcos para aplicar la estrategia caracterizada como “gobernanza criminal” o “pax narca”, es decir, permitir la actuación de los cárteles del narco a condición de que garantizaran la no violencia; el modelo fue popularizado como “abrazos, no balazos” con los narcos. Y en este esquema se proyectaron El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada y hasta el asesinado fundador y jefe el Cártel Jalisco Nemesio Oceguera Cervantes El Mencho.
Así que en este momentum del narcotráfico nos encontramos en México. Trump acusó al gobernador de Sinaloa --uno de los más importantes aliados políticos de López Obrador y de su sucesora Sheinbaum Pardo-- de ser el protector político del Cártel de Sinaloa del Chapo y el Mayo y solicitó su arresto con fines de extradición, pero ya van casi 80 días y México niega el arresto y la extradición bajo el argumento de que las pruebas de EE UU son insuficientes, pero con las circunstancias agravante de que el Mayo ya confesó todas sus relaciones de poder con el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya.
Así que la crisis de México con Estados Unidos por el narcotráfico acaba de entrar en una nueva fase que desde luego hunde al gobierno mexicano en el desprestigio: una decena de capos mexicanos arrestados y presos en EE UU han aportado información más que suficiente de que México está corroído por la narcopolítica.
La sentencia contra el Mayo recrudece el enfrentamiento Casa Blanca-Palacio Nacional mexicano por el tema de las responsabilidades políticas en el tráfico de drogas.