Salario mínimo, desempleo máximo

El señor Zapatero ha despedido el año hablándonos por vez primera con claridad sobre la crisis económica. Las únicas palabras que ha encontrado a la vez verdaderas y con connotaciones positivas son que la pérdida de empleo es un “proceso negativo” que a partir de la segunda mitad de 2009 comenzará “a frenarse”, sin poder adelantar con garantías si efectivamente se frenará o a partir de qué año se podrá hablar, de veras, de una recuperación del empleo. El paro, que es el principal problema para tres millones de españoles, más sus familias, y que lo será para cuatro o más millones de ciudadanos, es ahora la prioridad del Gobierno.Sólo podemos felicitarnos de que, al menos cara al público, el Gobierno tenga como prioridad un problema real y grave de los españoles -y no veleidades como la Alianza de Civilizaciones, que se cae en la ONU a desconchones, o la memoria histórica, que nada tiene que ver con la Historia. Pero todo indica que para el Gobierno el desempleo de los españoles es menos importante que renunciar a alguna de sus ideas más queridas, pero más perniciosas. Es el caso del salario mínimo, hoy convertido en el acrónimo SMI.


Zapatero cumplirá, de ello no cabe duda, su compromiso de elevar el salario mínimo hasta los 800 euros al final de su segundo mandato. Es una de las medidas económicas que ha tomado más desencaminadas, torpes e inoportunas, pues cualquier economista sabe que destruye empleo. Una encuesta realizada hace no mucho tiempo entre la profesión recogía que una de las afirmaciones que más consenso despertaba era la de que el salario mínimo crea desempleo. El salario no se fija de forma arbitraria. Es un fenómeno económico y responde a fundamentos económicos. Se fija en función de la contribución marginal del trabajo a la producción, de tal modo que, a largo plazo, salario y productividad tienden a hermanarse. Las leyes de salario mínimo suponen una prohibición, tanto empresarios como a trabajadores, para llegar a un acuerdo voluntario, que a las dos partes satisfaga. Si la productividad que en ese momento puede aportar el trabajador queda por debajo del nivel impuesto por el Gobierno, al empresario no le saldrá rentable contratarle y, de hecho, no lo hará. Ambos, empresario y trabajador, quedarán frustrados por la imposición de un salario mínimo. Frustración y desempleo son los frutos podridos de esta prohibición.


Esos frutos no se distribuyen por igual en el conjunto de la población, sino que se ceban con ciertas capas sociales, aquellas que no pueden aportar, en ese momento, un trabajo de mayor valor. Es el caso de los inmigrantes y de los jóvenes. A los primeros el azote del desempleo en la construcción y otros sectores se sumará el infligido por el Gobierno con la imposición de un salario mínimo. A los estudiantes se les hurta la oportunidad de tomar sus primeros contactos con el mundo laboral. No sólo se les niega lo poco que puedan generar con su trabajo, sino la experiencia que les permitirá ser más productivos en el futuro. El presidente no ha prestado atención a la economía y, cuando le ha estallado la crisis en las manos, su respuesta es, por desgracia, la de siempre: recurre a fórmulas que tienen que ver más con la ideología que con la atención a los ciudadanos y a sus verdaderos problemas. Este aspecto de la política es meridianamente claro y dolorosamente grave y revela que Zapatero, lejos de escarmentar con la emergencia de la crisis, se mantiene impertérrito en su estrategia. Pero exacerbar el paro, fomentar la destrucción de empleo, provocará daños en la sociedad que revertirán sin duda en su popularidad. Su atención excesiva al corto plazo, en el que se mueve con la habilidad, sagacidad y simulación de un gran actor, puede acabar traicionándole: en el momento que el público pase de la fascinación por la comedia a la frustración de la realidad.