La Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado penitenciario que el Gobierno vasco concedió al exjefe del aparato militar de Eta Juan Antonio Olarra Guridi, al considerar que aún "debe constatarse la consolidación de factores positivos" para "afianzar el pronóstico individualizado de reinserción".
La misma decisión ha adoptado para el preso de Eta Óscar Celarain, condenado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002, en el que murieron dos personas, una de ellas una niña de 6 años.
En ambos casos, el juez de vigilancia penitenciaria José Luis Castro considera que en este momento no se cumplen los requisitos para otorgarles la semilibertad, en sintonía con los recursos que interpuso la Fiscalía.
El Gobierno vasco concedió el 19 de mayo el tercer grado de Olarra Guridi, condenado en 2007 a 1.253 años de cárcel por el atentado contra una furgoneta de la Armada en 1995 en Vallecas (Madrid), en el que murieron seis personas; y más tarde a 1.000 años por ordenar el atentado del 6 de noviembre de 2001 contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera, en el que hubo 95 heridos aunque este resultó ileso.
La administración vasca tuvo en cuenta su evolución favorable en la cárcel de San Sebastián, la asunción de responsabilidad o su participación en programas de justicia restaurativa.
El juez, aunque observa una evolución positiva en el condenado, destaca el "abundante cómputo de condena" que le queda por cumplir (hasta 2036) y añade que los procesos de desvinculación y reinserción necesitan tiempos prolongados de verificación y una trayectoria sostenida en el tiempo cuando concurren pluralidad de víctimas, violencia extrema y alta lesividad.
En este caso cree que "debe constatarse la consolidación de factores positivos existentes" en el actual régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que tiene asignado Olarra Guridi y que le permite disfrutar de salidas al exterior (permisos) que, según el juez, pueden permitir "afianzar el pronóstico individualizado de reinserción”.
"Se hace necesario constatar, como se ha indicado, la evolución positiva, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos delictivos y la fase actual de cumplimiento", concluye el juez.
El pasado mes de junio el Gobierno vasco concedió el tercer grado al preso de ETA Óscar Celarain, que en un manuscrito en 2022 sostuvo que había llegado a la conclusión de que "la violencia no tuvo que producirse en ningún caso", asumía la responsabilidad por la "muerte" de la niña del atentado de Santa Pola y del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia en 2001, y lamentaba el dolor producido.
Celarain, preso en la cárcel de Álava, se beneficiaba desde el pasado mes de febrero de la aplicación del mismo artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que le permite salir a trabajar de lunes a viernes en una panificadora en Hernani y para hacer voluntariado por la tarde.
Sin embargo, el juez de vigilancia penitenciaria destaca, acogiendo los argumentos del Ministerio Fiscal, que la concesión de este artículo no ha sido avalada judicialmente y además "no ha habido tiempo de consolidar la eficacia" de este programa, por lo que considera la progresión de grado "prematura y precipitada".
La Junta de Tratamiento consideraba que este preso, que cumplirá condena en 2032, asume correctamente la normativa institucional, hace un buen uso de los permisos de salida, cuenta con apoyo familiar e institucional y con una oferta laboral y tiene una "motivación actual favorable al cambio", además de tener un "pronóstico de reincidencia medio bajo".
Ambas progresiones a tercer grado fueron criticadas por Covite, que ha censurado las decisiones que está adoptando en este sentido el Gobierno vasco en política penitenciaria respecto a exdirigentes de ETA.