Pedro Sánchez está de vacaciones. Tiene todo el derecho a disfrutar de ellas y no seré yo el que cuestione ese derecho. Ha elegido para descansar el palacio de la Mareta, en las Islas Canarias. Ese palacio fue un regalo del monarca jordano al Rey Juan Carlos I, que lo donó, a su vez, a Patrimonio Nacional. Pedro Sánchez gasta ingentes cantidades al año en reformas y mantenimiento. Invita a sus amigos y a sus compañeros a disfrutar de la suntuosidad vacacional del palacio, aparte de realizar cuantos viajes le aconsejen las circunstancias en sus Falcon. A esos aviones hay que dedicarles, por cierto, un dinero sustancioso que hubiera permitido paliar la voracidad de los incendios si se llega a dedicar a la adquisición de los hidroaviones que nos faltan.
Pedro Sánchez, tras indultar a Laura Borrás por su delito de corrupción con la esperanza de que Junts apruebe sus Presupuestos Generales del Estado, acude a la Mareta con un séquito de asistentes y servidores superior en número a los que acompañaban al Monarca, hoy en el exilio, cuando se tomaba las vacaciones estivales en Mallorca. A Don Juan Carlos, por cierto, nadie le ha contabilizado el precio del regalo de la Mareta para compensar los impuestos que ha pagado sin regatear un céntimo.
Aparte de asistentes y servidores, Pedro Sánchez ha ordenado a las autoridades de seguridad que blinden el palacio de la Mareta. Se trata de evitar agresiones y atentados. El resultado es que el costo de viajes, alojamiento, invitaciones y seguridad supera de hecho los 50.000 euros cada año. No se trata precisamente de unas vacaciones austeras o baratas. Habría que instalarlas en el despilfarro generalizado del gasto público que se compensa con el alza en los impuestos. Esos impuestos abrumadores que sangran hasta la hemorragia al contribuyente español.
Pedro Sánchez, de vacaciones a un costo por encima de los 50.000 euros, es el reflejo de la situación insostenible del gasto público. Porque el derroche, que empieza en la presidencia del Gobierno, se extiende al resto de las Administraciones públicas. Pagan los ciudadanos y los sanchistas se frotan las manos, porque, según ellos, los ricos viven de los tontos y los tontos de su trabajo.