La avalancha sobre el Tarajal no es una crisis migratoria. Es la reedición de un arma vieja, y llega en el peor momento posible.
40.000 personas en 7 horas. Y, después, una contabilidad oficial que no cuadra consigo misma: el Ministerio del Interior reconoce unas 50.000 entradas en el conjunto de la crisis, pero admite 69.500 regresos a Marruecos. Sobran casi 20.000 salidas, un descuadre que solo se explica si miles de personas cruzaron la frontera varias veces —entrando en Ceuta, volviendo al otro lado a descansar y reintentando el salto—. Conviene detenerse en esas cifras antes que en ninguna otra, porque ninguna describe un flujo: describen un pulso que el propio Gobierno, por su aritmética, confiesa no controlar. La inmigración irregular, cuando obedece a la miseria y a la geografía, dibuja una línea que sube despacio. Lo que se vio el jueves en Ceuta fue otra cosa: una línea plana durante días, una vertical de horas y una contención súbita en cuanto la gendarmería marroquí sacó los cañones de agua. Esa forma —quietud, estallido, cierre— no es la de una marea. Es la de un grifo.
Digámoslo con la prudencia que exige el rigor: no existe todavía prueba judicial de que Rabat orquestara deliberadamente la entrada. Pero el patrón y la capacidad están acreditados desde hace siglo y medio, y la cronología encaja con demasiada precisión en ese molde. Cuando la válvula se abre y se cierra al ritmo de una decisión política, y no al del hambre, la carga de la explicación se invierte.
Porque esto ya lo hemos vivido. No en 2021, cuando la acogida del líder del Polisario desató la crisis anterior. Lo hemos vivido en 1975, y aquel precedente debería quitarnos el sueño. La Marcha Verde no fue una invasión militar: fue una masa de civiles —350.000— empujada hacia el Sáhara español en el instante exacto en que el franquismo agonizaba y la sucesión era una incógnita. Hassan II no eligió el terreno; eligió el momento. Y España, sin cohesión interna con la que responder, capituló. Los Acuerdos de Madrid entregaron el territorio en cuestión de semanas.
Aquella fue la innovación estratégica de la que Ceuta es hoy nieta directa: el civil como instrumento de soberanía, cronometrado sobre la debilidad política española. Cambian los detonantes —ayer el Sáhara, hoy quizá el acercamiento a Argel— y cambia la escala. La gramática es idéntica.
El problema es que el patrón histórico enseña algo más incómodo. La variable que decide el desenlace de estos pulsos no ha sido nunca la capacidad militar española, siempre superior a la marroquí. Ha sido la cohesión interna y el respaldo exterior. Donde España tuvo ambos, la coerción fracasó: en 2002, cuando Marruecos ocupó el islote de Perejil, Aznar lo desalojó en una operación limpia, con Washington mediando, y se restauró el statu quo en días. Donde le faltó la cohesión —el desastre de Annual que se llevó por delante a un régimen, la Marcha Verde que se llevó un territorio— el precio fue histórico.
Y aquí está lo que debería preocuparnos. España afronta esta avalancha en su punto más bajo de esa variable decisiva. Un Gobierno en minoría que ayer juraba que la relación con Marruecos era «excelente» y hoy, por boca del propio presidente, denuncia un «ataque a la integridad territorial»: el giro reconoce la coerción que la víspera negaba. Una sentencia del Supremo que, apenas 3 semanas antes, había blindado frente a la devolución inmediata precisamente la vía por la que entraron los miles. Una oposición que reclama la emergencia nacional que el Ejecutivo rechaza. La respuesta llega fracturada porque el Gobierno está atrapado: no puede nombrar el chantaje sin romper con Rabat, del que depende para gestionar la frontera, ni ignorarlo sin regalar el relato. La ambigüedad no es un descuido. Es la única jugada que le queda desde su posición.
Europa, mientras tanto, ofrece el retrato más elocuente de la asimetría. Bruselas tiende la mano con Frontex y apoyo financiero. Pero Roma amenaza con suspender Schengen con España y convoca la crisis para su propia política interna, y París refuerza sus controles en los Pirineos. La frontera de Ceuta es, jurídicamente, la frontera exterior de la Unión. Políticamente, España la defiende casi sola, mientras sus socios se blindan no hacia fuera, contra la presión, sino hacia dentro, contra España. Un continente que protege su perímetro interior antes que el exterior no está defendiendo una frontera común: está administrando la de otro.
Y aquí conviene distinguir dos Marruecos que solemos confundir en uno solo. El primero es antiguo e irredentista: el que desde la doctrina del «Gran Marruecos» reclama Ceuta, Melilla y cuanto suelo español alcance la vista, y para el que la masa humana es un arma. El segundo es reciente y contable: el que ha descubierto que su diáspora es su primer recurso natural —los marroquíes que viven en el extranjero le envían cada año en torno a 11.400 millones de euros en remesas, su mayor entrada de divisas—, y para el que cada emigrante es un activo que rinde durante décadas. Es un caudal que cubre, él solo, casi todo el déficit comercial del reino. Lo hábil —e incómodo de reconocer— es que Rabat ha logrado que un mismo flujo sirva a los dos: presiona con él sobre la frontera y cobra de él a fin de mes.
Esa segunda lógica se mide mejor que cualquier discurso al poner esa cifra junto a lo que Europa paga por lo contrario. La Unión Europea cree que compra la frontera marroquí: entrega a Rabat entre 70 y 90 millones de euros al año para contener la emigración. Es decir, unas 130 veces menos de lo que la propia emigración le reporta en remesas.
De ahí se sigue una conclusión que rara vez se pronuncia en voz alta: a Marruecos no le interesa, como política de fondo, frenar la salida de sus ciudadanos. Le interesa lo contrario. Frente a ese torrente, el dinero europeo para contención es calderilla; pero calderilla valiosa por una razón distinta a su cuantía: es discrecional, fondos de manejo holgado para su ejecutivo, ajenos al control de un presupuesto ordinario. Y ahí está el mecanismo: Marruecos cobra por cerrar una válvula que no tiene ningún interés estructural en cerrar, y conserva intacta la potestad de abrirla cuando le conviene. La Unión no compra una frontera; alquila una voluntad. Y a quien la alquila, perderla no le duele.
Conviene, para no caer en el panfleto, medir con el mismo rigor el otro extremo de ese flujo. El jornalero marroquí que recoge la fresa en Huelva o levanta un tejado en Murcia produce PIB español, y sería falso decir que su aportación es nula. Sin embargo, arroja el mismo saldo fiscal negativo de la baja cualificación, que comparten los trabajadores nativos de renta baja. Pero este flujo concreto tiene un rasgo que lo singulariza y parece estructural, no coyuntural: su enganche laboral es más débil que el de otros orígenes —cotiza en torno al 50% de los marroquíes en edad de trabajar, frente al 75% de los españoles, y apenas el 30% de sus mujeres—, y parte de la renta que genera no recircula en España, sino que drena hacia el sur como remesa. No es «extracción»: es un flujo de perfil fiscal desfavorable cuyo excedente se fuga. Pero la distinción importa, porque es justo la que separa un argumento de una consigna.
Queda, pues, una disyuntiva, y es la que da sentido a todo lo demás. Ceuta puede resolverse por la vía de Perejil —firmeza inmediata, anclaje exterior sólido, restauración del statu quo— o deslizarse por la de 1975 —debilidad interna, respaldo que se fragmenta, cesión de hecho—. La retórica del «ataque a la integridad territorial» sugiere que Moncloa quiere situarse en el primer marco. El rechazo simultáneo a la emergencia nacional y la soledad europea la empujan hacia el segundo.
Lo decisivo es que esa elección, si la historia enseña algo, no depende de Marruecos, cuya voluntad ha sido constante durante 150 años porque la sostiene algo más hondo que la coyuntura: un torrente de divisas que ninguna frontera cerrada haría crecer. Depende de si España es capaz de recomponer, en los próximos días, las dos cosas que siempre marcaron la diferencia entre el desastre y su reverso: cohesión dentro y anclaje fuera. El grifo lo abre Rabat. Pero quién decide lo que pasa cuando se abre lo hemos decidido siempre nosotros.