Opinión

El Gobierno contra el Estado

TRIBUNA

Pedro Gago | Lunes 10 de agosto de 2026

En los Estados y sus instituciones encontraremos regularidades, rasgos análogos y también diferencias, generalmente entrelazadas, a veces en una preocupante diacronía. En el caso de España, en términos materiales, la desvirtuación del Estado se debe, por un lado, a la formación de entidades territoriales autónomas, convertidas en una especie de signorías para destruir técnicamente a la Nación. Una de las consecuencias de entregarse sin reservas a la Unión Europea, que apoyó gran parte de la sociedad, no pocos renegando de su pasado y de su españolidad. La mayoría se sitúa culturalmente en el progresismo globalista. De modo que, junto al aldeanismo separatista y racista, que defienden los nacionalismos periféricos sin nación, hay una tendencia a dejarse llevar culturalmente por cualquier Estado influyente. Lo que implica combinar el localismo de boina con el sometimiento al universalismo –artificialismo xenófobo de quien no sabe vivir sin odiar, más allá de la “struggle for life-- de la agenda globalista, ultracapitalista e igualitarista. Son demasiados los que quisieran pasar de ser ciudadanos de pleno derecho, a siervos de entidades extranjeras.

¿Es el Estado responsable de la situación tan dramática por la que pasa España? ¿Sus transformaciones son debidas a la incapacidad de sus estructuras para adaptarse a las circunstancias, o más bien está fuertemente condicionado por fuerzas externas? ¿Será porque se elige a los integrantes del Gobierno por ser súbditos de rigurosa obediencia al mayor enemigo de España?

Cuando en el Estado penetró el ideologismo su función fue desprender al Estado de sus funciones nacionales, haciéndole abandonar voluntariamente sus competencias en varias partes de su territorio. Se puede comprobar que el desgaste y disfuncionalidad del Estado español hay que atribuirlo a que se ha vuelto contra sí mismo, al desprenderse primeramente de unas funciones que han sido transferidas a varias instituciones autonómicas y locales. Añádase los juegos políticos de algunos partidos y otras fuerzas que forman parte del movimiento separatista. Aunque más llamativo está siendo la lucha del Gobierno de P. Sánchez contra el Estado, al que obsequia con golpes de traición constantes; algunos de ellos inesperados y extremadamente viles.

A partir de la Constitución de 1978 se pretendió crear un nuevo Estado, con unos errores de construcción por el órgano competente que serán decisivos para su posible desaparición. Cabe la duda que los constituyentes no percibieran que los valores fundamentales de la Constitución se basaban en falsas especulaciones, propias de una ingeniería social que creaba un artificio que podría llevar a volatizar la Nación. La Constitución –en realidad una Carta Otorgada (D. Negro)-- pretendió cambiar la realidad social politizando la sociedad y abriendo la vía a futuras servidumbres, incompatibles con la formación de un verdadero régimen democrático.

Siempre es difícil encuadrar la representación política como voluntad del pueblo. La causa de que se esté llevando al Estado a una situación insostenible, se debe a que impuso como centro del poder del sistema político al Gobierno, sin haber puesto contrapesos efectivos para controlar sus actos, con especial atención a las cuentas públicas y la obligación de ser transparentes en su ejercicio político. De este modo es imposible salvaguardar las libertades fundamentales ni defender los derechos de las personas, tanto innatos como otorgados. El estado de cosas se fue agravando debido a que en la confección del Estado se ha permitido el acceso de los grupos políticos antidemocráticos, entre ellos los específicamente terroristas, con una influencia desproporcionada por la repartición del sistema electoral. Un fallo técnico fácilmente corregible. De modo que los errores constitucionales conducirán a que, si un gobernante decidiese transformar al sistema en una tiranía, no encontrará limitaciones sustanciales, ni tampoco una sociedad muy desestructurada tendrá la fuerza suficiente para detener o neutralizar decisiones contrarias al bien común.

En España, el colectivismo, adaptado a un marxismo simplista woke, ha tomado un rumbo diferente al de otros Países en donde ha llegado a acceder al poder político. Su principal partido, el PSOE, casi siempre ha sido antiespañol, actualmente con una estructura piramidal que bascula entre el sometimiento a la bandera marroquí, el apoyo a los separatismos y la obediencia a la agenda 2030. Desde su fundación, su objetivo ha sido destruir a la Nación y al Estado unitario, sustituido por una supuesta Confederación Republicana de Nacionalidades Ibéricas --Congreso XI de 1918--. Plantea una estrategia dual, por un lado, llevar a la práctica la consigna del marxismo-leninismo de que, una vez que se conquiste el poder, deberá desaparecer la Nación y el Estado; por otro, al ser sus cuadros súbditos de una potencia extranjera forman parte de una quintacolumna insertada en las instituciones que irá actuando para que el territorio vaya siendo ocupado en diversas fases por el enemigo del sur o a cualquier otra potencia.

Desgraciadamente, el Estado más allá de los intereses particulares apenas ha tenido defensores en la política. Desde hace años, el PP, un partido progresista nihilista y globalista, defensor de la burocracia-europeísta, al tiempo que estimula en algunas Comunidades Autónomas el nacionalismo, se ha olvidado de la Nación histórica y pretende hacer tabla rasa del pasado.

En cuanto a las oligarquías, en realidad cleptocracias, adormecen a los que creen sus súbditos dotándoles de todo tipo de derechos, pero sin seguridad jurídica, a pesar de la enorme y detallista legislación. Su propósito es que el ciudadano apenas tenga sentido de pertenencia a una colectividad, al menos las que están compuestas de individuos coexistentes, que tienen un riquísimo pasado y que comparten un proyecto común. El actual Gobierno español ha conseguido llevar a cabo su máxima aspiración con poco esfuerzo y sin oposición, sin tener que someterse a los valores jurídicos o morales: rendir sin lucha al Estado y entregar las instituciones que queden y a toda la sociedad a los enemigos interiores y exteriores. ¿Larga vida al Rey y a la republicana Reina consorte?