Se cumple un lustro desde que entró en vigor la conocida como "Ley rider", una norma impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para regular la actividad laboral de los repartidores de pedidos a domicilio y cuya aplicación generó opiniones opuestas entre las partes implicadas que se mantienen cinco años después.
El 12 de agosto de 2021 el Gobierno puso en marcha el Real Decreto-ley 9/2021 con la intención de garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto mediante plataformas digitales, y la eliminación de la figura del "falso autónomo" como una de sus metas principales.
Un objetivo conseguido, según han explicado fuentes del Ministerio a EFE, que ven en la ley una "norma pionera" y una de las acciones con "más visión".
Para Trabajo era "imprescindible" canalizar las nuevas formas de empleo hacia el "trabajo decente" y han visto en la corroboración de la Unión Europea (UE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un respaldo a su labor en este campo.
Para el Ministerio esta ley tiene importancia en términos de "calidad democrática", ya que demuestra que "no hay nadie por encima de la ley, por poderoso que sea".
Por otro lado, desde Marcas de Restauración -una organización que aglutina 180 marcas para las que el reparto supone el 15 % de su facturación- han afirmado a EFE que la ley supuso "dar un marco laboral" a los repartidores, pero les ha restado "flexibilidad y operatividad" para que sus clientes puedan "pedir a cualquier hora".
Su secretaria general, Adriana Bonezzi, ha reclamado un "marco de seguridad jurídica" y que el consumidor entienda que no es la marca la que ha "encarecido los tiempos" y así poder mejorar la experiencia del cliente.
El vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, ha señalado que la norma "ha marcado el camino" en Europa y el resto del mundo con su implantación, aunque ésta se haya visto dificultada por la "resistencia" de las compañías destinatarias de la misma.
Para Luján el siguiente paso es encuadrar a los repartidores en un convenio colectivo que "respete y salvaguarde" las condiciones dignas de trabajo.
Desde CC.OO su responsable sindical para el ámbito rider, Carlos Sola, matiza que hasta hace un año solo un porcentaje "ínfimo" de repartidores fueron acogidos en la ley, por lo que hasta que en 2025 se laboralizó al 70 % de ellos la implantación de la norma era "nefasta".
Desde entonces la valoración es positiva en el sentido de que ya solo falta por "laboralizar" algo más del 20 % de los trabajadores del sector, aunque para Sola es importante ver en qué condiciones.
En su opinión, si se hace como ahora, aplicando un convenio de 2006 "desfasado" y con un sistema de contratación "nocivo" para el trabajador, el impacto de la ley será "muy limitado".
Los repartidores también tienen su opinión. Por ejemplo, el fundador y portavoz de Repartidores Unidos, Gustavo Gaviria, ve esta normativa como "extremadamente ineficiente" y, a su juicio, se ha quedado "incompleta".
Para Gaviria "faltó mucha discusión" con los representantes del sector por parte del Ministerio, ya que la ley ha provocado la "fuga" de empresas y "despidos masivos" como el que él mismo sufrió por parte de Glovo.
Según el representante de Repartidores Unidos, pese a que ve en la norma "intenciones positivas", uno de los grandes problemas ha sido eliminar la posibilidad de trabajar como autónomo: "No hemos pasado a empeorar el trabajo, sino directamente a perderlo", ha argumentado.
En su línea, Horacio Gómez, antiguo repartidor de Glovo, ha incidido en que con la ley, aun siendo asalariado, ganan "menos dinero" y no pueden elegir los horarios, algo que sí podían hacer antes.
Según Gómez, antes podían trabajar "7 horas y media con una compañía y tres horas en otra", lo que les permitía duplicar los ingresos que tienen ahora tras la entrada en vigor de la ley, algo que los sindicatos no aprueban pues constituye "autoexplotación" por parte del trabajador.