El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha visto obligado a establecer un amplio cordón policial para esquivar las protestas de los vecinos durante su comparecencia en Ceuta, donde ha hablado de "relativa normalidad" de la situación en la ciudad autónoma.
Su presencia en Ceuta ha tenido un marcado contraste con la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que este miércoles se acercó a los vecinos que protestaban contra el Gobierno para escucharles y consolarles.
ha cifrado en unas 5.000 las personas que quedan en Ceuta tras la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes de forma irregular por la frontera con Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.
Entre estas 5.000 personas, hay un total de 1.898 menores que han sido ya identificados, en unos trámites de filiación que el ministro ha señalado a los periodistas en Ceuta que están casi finalizados.
El titular de Interior ha anunciado además un nuevo refuerzo policial en Ceuta, que se suma al que las fuerzas de seguridad del Estado vienen realizando en la ciudad autónoma desde finales del pasado julio.
Actualmente hay 880 policías nacionales, 270 más que antes de la crisis, y 714 guardias civiles, casi 200 más.
La Policía Nacional va a contar estos días con un despliegue adicional de la Unidad de Prevención y Reacción con 45 nuevos agentes para reforzar la seguridad ciudadana, junto a otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras para apoyar a la Oficina de Asilo y Refugio. Un despliegue a todas luces insuficiente para velar por la seguridad en una ciudad que continúa en estado de excepción.
Pese a llevar dos semanas así, el ministro ha asegurado que las personas que se encuentren en situación irregular serán devueltas "a la mayor brevedad" y ha advertido de que quienes hayan entrado ilegalmente no podrán permanecer en Ceuta.
Tampoco serán trasladados a la península ni entrarán por tanto en el Espacio Schengen, salvo los casos excepcionales de máxima vulnerabilidad contemplados por la legislación nacional e internacional.
Marlaska ha indicado que quienes permanezcan ocultos para evitar su identificación también serán localizados y que, una vez acreditada su situación de estancia irregular, se tramitará su expulsión.
En el caso de quienes hayan cometido delitos, ha señalado que el procedimiento se acelerará y que Interior ha solicitado al poder judicial las autorizaciones necesarias para proceder a su expulsión.