Lunes 29 de diciembre de 2008
El anuncio del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de aumentar las sanciones disciplinarias a los jueces, tras la benévola decisión del Poder Judicial sobre el juez del caso Mari Luz, ha levantado todas las alarmas en el colectivo judicial.
Pese a que hay representantes de todas las ideologías entre los jueces, a muy pocos de ellos agrada que el Poder Ejecutivo dé otra vuelta de tuerca a su control del Poder Judicial.
En su memoria está, como no puede ser de otra forma, la maniobra de un anterior Gobierno socialista, en aquel caso de Felipe González, cuando logró que el órgano de dirección de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, fuera íntegramente elegido por el Parlamento, frente a las previsiones constitucionales que planteaban que su mayoría debía de proceder de la elección entre los propios jueces y magistrados.
Aquello pasó en 1985, y fue el tiempo en el que Guerra proclamó la muerte de Montesquieu, es decir, de su principio de separación de Poderes. Ese mismo Alfonso Guerra había proclamado la preponderancia del Ejecutivo y su mayoría parlamentaria (absoluta entonces para el PSOE) como la única legitimada para establecer el reparto de poderes del Estado, pues era el depositario del "voto popular".
Desde entonces, de forma indisimulada, el Poder Judicial ha ido perdiendo autonomía ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Poderes que están, a su vez, confundidos entre ellos, porque los parlamentarios se eligen en listas cerradas y bloqueadas por los cabezas de los partidos, que son a su vez las que controlan el Ejecutivo cuando consiguen mayoría.
En este esquema de confusión de Poderes, más que de separación democrática de ellos, son lógicas las preocupaciones que asaltan al mundo de los jueces. Especialmente cuando tienen enfrente a un político de opiniones tan radicales, y muchas veces sectarias, como es el ministro Bermejo.
La campaña empieza siempre por una denuncia al "corporativismo" de los jueces. Después, con un cambio legislativo o reglamentario emanado desde el Gobierno. Y, tras ello, los jueces retroceden en su capacidad tutelar en el sistema democrático.
A Bermejo parece gustarle, según demuestran día a día sus intervenciones públicas, la línea guerrista, que no es otra que la de la ortodoxia socialista, ahora recuperada por las inclinaciones intervencionistas del Gobierno Zapatero en muchos terrenos de la vida pública.
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