En 1978, los constituyentes españoles consideraron conveniente que la democracia se asentara sobre la fórmula bicameral. Las ventajas del Senado no pueden resultar más claras. Controla -y mejora muchas veces- las leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria en el Congreso de los diputados. La Constitución no otorga al Senado la facultad de invalidar las leyes que los parlamentarios del Congreso hayan votado. Pero significa, en todo caso, una mejora del sistema al perfilar los proyectos legislativos.
Además, conforme al texto constitucional, el Senado es una cámara que obliga a los miembros del Gobierno a someterse a interrogatorios y control. Y también a la inspección de su actividad política. Si algún ministro se niega a declarar ante el Senado sobre aquello que los senadores solicitan, estaría actuando de forma abiertamente anticonstitucional y el Tribunal Supremo podría sentenciar en su contra.
El sistema bicameral funciona con éxito, desde hace muchos años, en los Estados Unidos de América y en numerosas naciones europeas. Saltarse a la torera sus exigencias constituye una afrenta a la democracia y una herida considerable a la Cámara Alta.
La imagen que hoy tiene la opinión pública es que a Pedro Sánchez le traen sin cuidado los derechos constitucionales del Senado. Como no lo controla él, lo desdeña, en un estúpido alarde de autoritarismo.
Personalidades jurídicas y dirigentes políticos de altura consideran de extrema gravedad democrática la incomparecencia de varios ministros, que tal vez con la excepción de Robles, han ninguneado al Senado cuando la Cámara Alta pretendía conocer de primera palabra lo ocurrido en la invasión de Ceuta, así como la gravísima situación creada por la agresión al territorio español. Que los gobernantes no respeten las normas democráticas es señal de que algo muy grave y de alarmante profundidad está ocurriendo en la vida política de nuestra nación.