El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha asumido la investigación en relación a las diligencias abiertas sobre la invasión marroquí de Ceuta ante la que el Gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada el pasado 30 de julio.
Fuentes fiscales informan a EFE de que el procedimiento abierto por la jueza María Tardón, que correspondía al fiscal José Perals según el reparto, ha sido asumido por Alonso, que "ha tomado esta decisión personalmente dada la singularidad y trascendencia del mismo y en cumplimiento de su responsabilidad como jefe de la Audiencia".
Esta decisión, según las fuentes, no es infrecuente que se dé en cualquier órgano fiscal, fundamentalmente en las fiscalías especializadas, de manera que será Alonso quien redacte y firme el informe sobre la admisión a trámite de la denuncia y competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos. Alonso pertenece a la mayoritaria Asociación de Fiscales.
El informe aportado por la Policía a la jueza María Tardón describe lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio como una entrada masiva de personas "planificada", en ningún caso "espontánea", y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas a las fuerzas de seguridad de Marruecos.
Esa es una de las conclusiones del informe realizado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) a petición de la jueza de la Audiencia Nacional, un documento que deja claro que la finalidad de la entrada de decenas de miles de personas no era migratoria, como demuestra que solo el 10% haya intentado quedarse.
"La respuesta policial en Marruecos ha sido cuando menos de total permisividad, no registrándose ninguna tentativa seria de tratar de reducir, dispersar o alejar a la masa de personas del perímetro fronterizo", expone el informe, que en 55 páginas y una treintena de fotografías y gráficos detalla la presencia de agentes "uniformados y no uniformados" en actitudes compatibles con la monitorización o control de lo que estaba pasando.
El Gobierno de Ceuta, tras una reunión extraordinaria, ha acordado personarse como acusación particular en la causa de la Audiencia Nacional.
Según ha informado el Gobierno ceutí que preside Juan Jesús Vivas (PP), estos hechos habrían afectado de "forma directa y grave a bienes e intereses públicos" de la ciudad autónoma, en particular al normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a la seguridad y tranquilidad ciudadanas, así como al sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados.
El objetivo de personarse es "defender los derechos de las víctimas, en este caso el pueblo de Ceuta".
La personación del Gobierno de Ceuta como acusación particular permitirá la defensa de sus intereses institucionales, la adecuada valoración de los perjuicios sufridos y sus servicios públicos, y la eventual exigencia de las responsabilidades penales y civiles que procedan frente a los responsables de los hechos investigados.