El déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas, con la excepción de las locales, alcanzó en el primer semestre del año los 33.668 millones de euros, un 6,4% más que en la primera mitad de 2025, con lo que el desfase se situó en el 1,89% del PIB.
El Ministerio de Hacienda ha publicado este viernes los datos de ejecución presupuestaria de los seis primeros meses del año, en los que se observa un aumento del gasto público de 28.131 millones de euros, superior al de los ingresos (26.107 millones), a pesar de los menores desembolsos asociados a la dana.
Al cierre de junio, la administración central acumulaba un déficit de 22.531 millones (1,27 % del PIB), una cifra un 14,1% superior a la del pasado año debido a los mayores gastos intermedios, en intereses de la deuda y transferencias a las comunidades autónomas.
A pesar de ello, también la administración regional incrementó su déficit -en un 10,9%, hasta los 17.287 millones, el 0,97 % del PIB-, al aumentar sus gastos, entre los que destacan los salariales, por encima de los ingresos.
El País Vasco fue la única región que cerró con superávit (del 0,01% de su PIB), mientras que los déficits más abultados se registraron en Canarias (1,93%), Extremadura (1,79%) y Baleares (1,78%).
La Seguridad Social, en cambio, logró un superávit de 6.150 millones -un 66,5% más y un 0,35 % del PIB- gracias al aumento de los ingresos, tanto por cotizaciones sociales como por transferencias recibidas del Estado.
Hacienda también ha avanzado los datos del Estado hasta julio, un periodo en el que el déficit de este subsector se disparó en un 13,5%, hasta los 44.539 millones (2,5 % del PIB), tras acusar el impacto de las rebajas fiscales para frenar la inflación.
En la primera mitad del año, los gastos ascendieron a 232.498 millones, un 11,5% más, debido sobre todo a las mayores transferencias a las comunidades autónomas (tanto por adelantos como por liquidación del sistema), la Seguridad Social y el Fondo Español de Garantía Agraria (para cubrir los daños por inundaciones), aunque los ayuntamientos recibieron menos.
Asimismo, también se incrementaron los gastos en intereses de la deuda (en un 13,9%), consumos intermedios (5%) o remuneración de asalariados (4,4%), tras aumentar la plantilla y aplicarse una subida salarial del 1,5%.
Los ingresos, por su parte, crecieron un 11%, hasta los 187.959 millones, impulsados por la recaudación tributaria, que aumentó un 10% a pesar del impacto de las medidas fiscales adoptadas para atajar la inflación.
En estos siete meses, el IRPF ingresó un 20,4% más; el IVA, un 5,9% más; y el impuesto de sociedades, un 13,8% más.