Era la jugada perfecta. Se otorgaba la nacionalidad española, y con ella el derecho al voto, a más de dos millones de extranjeros, hijos, nietos y bisnietos de republicanos exiliados en 1939. Se controlaba después sus votos desde el exterior y, frente a todas las encuestas científicamente serias, se podría provocar la victoria de Pedro Sánchez sobre Alberto Núñez Feijóo.
Siempre al servicio de la Justicia, el Tribunal Supremo se enfrentó a la jugarreta. La Junta Electoral ha aceptado su decisión y ha pedido a consulados y embajadas datos de los nacionalizados. El escándalo está servido. Pedro Sánchez no quiere trasladarse desde la silla curul del palacio de la Moncloa al banquillo de los acusados y está haciendo y hará todo lo necesario, incluso bordeando la legalidad, para evitar su catástrofe personal.
La “ley de nietos” está cuestionada. Los colaboradores más cercanos a Pedro Sánchez consideran que la maniobra no está perdida. Parecen dispuestos a acudir a todas las triquiñuelas legales para mantener en vigor un caladero de votos con el que nadie contaba.
Algunos profesionales del periodismo denunciamos desde el inicio la farsa de la “ley de nietos”. Se hablaba de restablecer lo que se perdió en la guerra civil, pero en el fondo lo que se pretendía era conquistar cientos de miles de votos inesperados. “Las elecciones no se pierden. Se manipulan”, le dijo Fidel Castro al venezolano Chaves. Mejor es no convocarlas, pero si no queda otro remedio que hacerlo, entonces las enseñanzas de la extrema izquierda marxista resultan imprescindibles para, directa o indirectamente, hacer las trampas necesarias.
La primera tarea de Feijóo y sus colaboradores consiste en el control del censo electoral. Si por lenidad, desidia o inepcia no lo hacen, el mundo liberal conservador se puede encontrar con una gran sorpresa en las elecciones generales de 2027.