No son equiparables Sánchez, que no se atreva a ir a Ceuta y va a televisión a hablar de lo que pasa allí, con Vivas, que vive y sufre en Ceuta y va a la televisión a hablar de lo que día a día vive. Pudimos ver esta diferencia de testimonio en las dos entrevistas simultaneadas en el oligopolio bipolar que enfrenta a Antena 3 y a La Sexta. El Gran Wyoming es un médico argentino que no necesitó la Ley de nietos para ser estrella de la Sexta. Solo un genio del control de las audiencias como Javier Bardají podía abanderar la rivalidad entre dos públicos inconciliables para representar el estado emocional de un país aturdido por la polarización para retener audiencias incompatibles en una misma cuenta de resultados. Antena 3 Media demuestra diariamente que el muro levantado por Sánchez para volver al 36, lo concilia su programa obligando a elegir a los telespectadores entre una y otra cadena en lugar de despedazarse. El desglose de estas audiencias bipolares representa mejor el Estado de la Nación que los debates parlamentarios y los barómetros del CIS.
Pero ¿qué pasa luego con Vivas y con Sánchez? El cronista se apresura a advertir que este juego que presenta un Jefe de Gobierno almibarado a la búsqueda de votos ante una audiencia predispuesta a dárselos, esconde un reparto de máscaras que desmiente su sonrisa. Cuanto más reglamentario, apaciguado y técnico se presenta Sánchez, más exaltada y exasperante es la vocinglería de sus ministros. ¿Para qué descubrirse si la audiencia está fidelizada de antemano y, como confesó Wyoming, cuenta con los votos de la mesa? Lo que llama la atención es que la afabilidad casi abúlica de Sánchez para describir con satisfacción festiva lo que pasa y no pasa en Ceuta a distancia televisual, contraste con la irritación de Vivas, que padece en directo lo que sufren subjetivamente los ceutíes por la invasión. Paciencia, dijo Sánchez, las Navidades llegarán antes que el ayuno del Ramadán. Resulta llamativo el silencio ¿cómplice? de la Iglesia sobre esta terrible tragedia humana.
Sánchez calló que cuanto más tranquilo comparece, más chillan las máscaras ministeriales que cumplen el programa que les exige. El gruñido, el graznido y el relincho son las señales de alerta del animal al que han herido donde más le duele. Sánchez no tiene necesidad de gruñir, graznar o rebuznar porque ha alimentado siempre a quienes lo hagan por él. Atendamos las manifestaciones con que nos han entretenido sus ministros en la misma jornada en que Sánchez conversaba mientras la audiencia de Wyoming le rendía pleitesía.
Oír a los ministros es como seguir un manual de explicaciones que se contradicen unas a otras. Algo no funciona bien en una argumentación que pretende mostrar la ecuanimidad de un reglamento que desfavorece los intereses que Oscar López asegura preservar. Cuando lo explica, no hay modo de captar las motivaciones de sus ladridos contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender la inscripción del CERA. Arguye que la resolución del alto tribunal se debe a que hay “jueces que se empeñan en tumbar al gobierno todos los días”. Si “se empeñan en tumbar al gobierno” por haber paralizado la aplicación de la ley, su propio argumento funciona como una confesión de parte de que la singular aplicación del reglamento que la acompaña es el método que emplea el Gobierno para no ser tumbado. Oscar López delata que sabe de antemano que la continuidad del Gobierno depende de que se aplique el reglamento electoral para no tumbar a Sánchez. Si los jueces “están haciendo lo imposible para evitar que siga este Gobierno” y esta forma consiste en desautorizar el reglamento, no cabe dudar de que la aplicación de este procedimiento es la forma que mejor asegura al Gobierno su continuidad.
Otrosí ocurre con el ministro de Justicia, el feliz Bolaños. Confirma que el “beneficio electoral” por el recuento CERA cae por su propio peso y que ese peso añadió un diputado al PP en 2023 restándoselo al PSOE. Entonces ¿si el beneficio cae siempre por el peso de la ley para qué revisar un reglamento que no modifica el peso? Si se modifica o no debería darle igual, pues lo que caiga seguirá cayendo por la ley de la gravedad. El pucherazo lo confirma que se preocupen tanto por mantener un reglamento que no modifica el peso de la ley, un reglamento del que ni López ni Bolaños podrían augurar si el Gobierno sería tumbado por aplicarlo de una u otra forma.
El motivo de que se empeñen en conservar una medida tan inútil como dicen que es, deja manifiesto que el Gobierno la necesita para no ser tumbado, pues de otro modo no les preocuparía que la resolución del Supremo sea acatada por la Junta Electoral Central. Ellos saben que Sofía Puente, hermana del ministro Oscar, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, la ha diseñado para impedir que se pueda tumbar al Gobierno. Si la medida evita que sea tumbado, la propia confesión de parte implica que ha sido prevista para adulterar el censo. Necesidad superflua ya que, a tenor de todos los barómetros del CIS, el censo no debería preocuparles. Ningún reglamento puede asegurar mejor la supervivencia sanchista que el actual Centro de Invenciones Sociológicas, encargado de pronosticar una rotunda victoria de la alianza gubernamental.
Para seguir actuando de roedor del Estado de Derecho, el Gobierno ha perdido a los roedores profesionales. Se abastece de los propios ministros para proseguir las maniobras depredadoras contra la Justicia. Descubierta la fontanería prescinde de los fontaneros para acechar a los jueces y chantajearlos. Le queda mantener en sus puestos a los imputados por interferir en la actuación judicial y extorsiona a los jueces, como la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; imputada por impulsar el acoso a los responsables de la UCO y su director Adjunto Operativo, el teniente general Manuel Llamas, también imputado. Para proseguir el acoso recurre a los aullidos ministeriales mientras Sánchez pasea su pacífica sonrisa ante las audiencias de televisión. El simulacro que enfrenta dos versiones incompatibles sobre la situación de Ceuta es el último y más peligroso recurso que queda para interferir el censo.