Este lunes, el presidente del Gobierno ha sufrido dos zarpazos de la Justicia. El juez Peinado ha acordado la apertura de juicio oral con jurado para Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos y, minutos después, el juez Calama de la Audiencia Nacional que lleva el caso Plus Ultra, ha citado a declarar como imputadas a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y ha solicitado un informe pericial gemológico a la joyería Yanes de las piezas incautadas en el registro del despacho del expresidente del Gobierno.
Poco ha tardado Moncloa en salir al contraataque, al recurrir, como es habitual, al lawfare, a la paranoia de la conspiración de la Justicia para derribar al Gobierno, en su intento de defenderse de las consecuencias penales que pudieran tener estas dos instrucciones. Sobre el caso de Begoña Gómez, los portavoces del Ejecutivo han señalado que se trata de una instrucción "arbitraria e injusta" que sólo responde a la persecución judicial contra ella por ser la mujer de Sánchez. Que son “incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción”. El argumento de siempre. Y como siempre, como cuando la Justicia suspendió cautelarmente la ley de nietos, cuando imputó a Ábalos y a Cerdán o como tantas y tantas veces en que el Gobierno se ve involucrado en casos de corrupción.
Pero la realidad es otra. Se trata de la primera vez que la mujer de un presidente del Gobierno se sienta en el banquillo de los acusados. Y no por ser su esposa. Si no por aprovecharse de serlo para montar negocios privados y presuntamente cometer los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Por enriquecerse gracias a esa privilegiada posición.
Mientras, la fiscal anticorrupción apunta a los "indicios" contra Zapatero y sus hijas "relativos al cobro, a través de Análisis Relevante de presuntas comisiones en pago a la influencia ejercida para la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra el 9 de marzo de 2021", así como de que el expresidente habría cobrado también por "dinámicas de intermediación e influencias" en favor de un grupo empresarial peruano.
Las dos instrucciones judiciales, pues, afectan directamente a Pedro Sánchez. Pues, además de estar imputada su mujer, también lo están su amigo y maestro “progresista” Zapatero que presuntamente implicó a sus hijas para que cobraran y blanquearan, el dinero que, también supuestamente, cobró el expresidente precisamente por su cercanía e influencia en el Consejo de Ministros que aprobó dicho rescate.
Tras ambas instrucciones, no hay que descartar que también Pedro Sánchez termine sentado en el banquillo de los acusados por ser el “epicentro” de los supuestos delitos cometidos por su mujer y su “gurú” político. Pues ni una ni otro podrían haberlos perpetrado sin la anuencia y aprobación del propio presidente del Gobierno. Pero sea o no citado ante los tribunales, es el máximo responsable. Como lo es de la avalancha de casos de corrupción que le acechan. Es la hora de la verdad, a la espera de los veredictos de la Justicia que podrían terminar con su carrera política por ser el “cabecilla” de todas las corrupciones del Gobierno que se autoproclama “progresista”.