A Pedro Sánchez le trae sin cuidado la justicia histórica. Conviene no equivocarse. Su llamada “ley de nietos” no buscaba hacer justicia a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de los republicanos que se exiliaron en 1939. Lo único que pretendía -y pretende- es sumar votos favorables al sanchismo a través de la concesión de la nacionalidad española. Una jugarreta miserable. El Tribunal Supremo, atento a lo que desenmascaramos algunos en los medios de comunicación, ha actuado como siempre al servicio de la Justicia. Pero no estoy seguro de que sea capaz de neutralizar el gran escándalo perpetrado por Pedro Sánchez y sus compinches.
Por otra parte, no se trata solo de alterar el censo electoral introduciendo en él a centenares de miles de nacionalizados. Se trata también de seleccionarlo para cada demarcación de la forma más eficaz, con el fin de conseguir un número superior de diputados. Lo menos que puede hacer Alberto Núñez Feijóo es contratar a varias docenas de expertos que se dediquen a tiempo completo a detectar las anomalías de la “ley de nietos”.
ABC, por ejemplo, publicaba una crónica de su corresponsal en Extremadura en la que se especificaba el alcance de la trampa. En dos pueblos al menos -Campillo de Deleitosa y Mesas de Ibor- tienen ya más votantes en el extranjero que residentes. Isael Díaz Ayuso, por su parte, ha denunciado que la misma operación se ha hecho en el pueblo madrileño de Tres Cantos.
Estamos ante el intento de pucherazo más apabullante de la historia de España. No se trata solo de engordar el censo con varios centenares de miles de electores adicionales. Se trata también de situar a los nacionalizados en aquellas ciudades y pueblos donde su suma pueda alterar más fácilmente el resultado, proporcionando diputados extras al PSOE sanchista.
Pedro Sánchez no se va a frenar De la bien meditada y preparada trampa electoral depende su reelección, porque las encuestas científicamente serias anuncian la catástrofe sanchista. Alberto Núñez Feijóo no puede adoptar solo una posición contemplativa y denunciadora. Tiene que actuar con todas las armas que la ley le proporciona para evitar que la tropelía se consume.