Pedro Sánchez y su entorno de colaboradores y compinches saben que el éxito electoral en el año 2027 depende de que la maniobra llamada “ley de nietos” vaya adelante. El sanchismo ha concedido con la nacionalidad española el derecho a votar en España a nietos, bisnietos, tataranietos y adláteres de republicanos que se exiliaron en 1939. Con la carta de nacionalidad se otorga, en efecto, al nacionalizado el derecho constitucional al voto. Advertido el Tribunal Supremo de la maniobra política y la correspondiente transformación del censo electoral, se ha producido una intervención judicial que ha interrumpido el plácido transcurso de la “ley de nietos”. Con desusado frenesí, Pedro Sánchez ha emprendido la guerra contra la decisión del Tribunal Supremo. Sabe que si pierde las elecciones generales de 2027 se producirá una catástrofe para el sanchismo y su jefe. Si gana, puede resultar incluso vencedor de los comicios.
Como a Pedro Sánchez, al ser expelido de la poltrona presidencial del palacio de la Moncloa, no le aguarda la jefatura de la Oposición sino el banquillo de los acusados, se comprende el histerismo con el que lucha para doblegar al Tribunal Supremo y que esa trampa de los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y adláteres, ciertamente gigantesca, vaya adelante.
En el diario Periodista digital se ha recordado la oposición socialista a que los más de 200.000 vascos que abandonaron su Autonomía, aterrados ante las amenazas de ETA, pudieran ejercer su derecho al voto. Los “vascos exiliados”, no; los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y adláteres de los republicanos que huyeron de España en 1939, esos sí. A esos se les regala la nacionalidad española y, con ella, el derecho a votar.
Algunos pesos pesados del Partido Popular, como José María Aznar, han denunciado lo que llaman “intento de pucherazo”. Vamos a presenciar, en fin, un espectáculo vergonzante mientras el pueblo español se juega la permanencia de la democracia pluralista plena, que, en estos momentos, se tambalea a punto de derrumbarse.