El artículo 134 de la Constitución fija los plazos de presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Por cuarto año, el Gobierno de Pedro Sánchez se mofa de la Constitución porque hoy, 30 de septiembre, es el último día exigido por la Carta Magna para que el Gobierno presente ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2027. No se trata de un asunto menor. En toda la Europa democrática, los Presupuestos Generales del Estado, significan la primera ley de la legislatura. Si no se presentan a tiempo o si son rechazados por la mayoría parlamentaria, la normalidad democrática exige la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales.
El reiterado incumplimiento de la Constitución en asunto de especial gravedad le importa un rábano a Pedro Sánchez. Por un oído le entra y por el otro le sale, sin romperlo ni mancharlo. Sorprende que los partidos políticos, los diputados en el Congreso y una parte sustancial de la opinión pública permitan al líder sanchista que se carcajee de la Constitución y que permanezca cínicamente impasible, calentando su poltrona monclovita.
La Constitución española de 1978 fue aprobada por la voluntad general libremente expresada. Alcanzó una mayoría abrumadora. Su incumplimiento en cualquiera de las disposiciones que contiene puede ser perseguido penalmente. Sánchez ha incumplido el mandato constitucional en relación a los Presupuestos Generales del Estado por cuarto año consecutivo. Aseguran en el entorno de la Moncloa que proyecta presentarlos por primera vez en la legislatura antes de que finalice este año. Ya veremos. Y eso no quita el incumplimiento constitucional, por cuarta vez protagonizado por el presidente del Gobierno
Hay cuestiones, en fin, intolerables. Y esta es una de ellas. Ni España ni el pueblo español se merecen que un presidente del Gobierno se pitorree del mandato constitucional. Tampoco se merece nuestra nación la escasa reacción de la oposición ante la tropelía.