La operación de ingeniería social continúa. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas sigue tratando de imponer su ley en España por la vía de los hechos consumados y sin pasar por las urnas.
El pseudosindicato de cuño globalista ha alzado aún más la voz para reclamar este miércoles a todos los grupos políticos del Congreso que voten a favor de la convalidación de los dos decretos de vivienda que serán sometidos a votación este viernes en un pleno extraordinario.
Continuando con la psy op, el colectivo ha convocado caceroladas este jueves 1 de octubre a las 20.00 horas frente a los ayuntamientos de todo el país para exigir a los grupos parlamentarios que respalden ambos textos y ha dicho que ningún partido debería votar en contra de lo que considera un "clamor social" expresado durante las últimas jornadas.
La posición de los sindicatos de inquilinas también despeja las dudas que existían sobre el sentido del voto de Podemos. La formación había condicionado su decisión a la postura que adoptara este movimiento social. Finalmente, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, anunció que su partido votará a favor de los dos decretos.
La secretaria general de la formación, Ione Belarra, había señalado previamente que Podemos sería "una herramienta en manos del movimiento", vinculando así la decisión de los diputados al criterio de los sindicatos de inquilinas.
Críticas de Podemos al contenido de los decretos
Aunque Podemos respaldará finalmente los textos, la formación ha mantenido durante los últimos días una posición crítica con el paquete de medidas impulsado por el Gobierno. Belarra ha cuestionado que las medidas incluyan cambios que, a su juicio, no abordan de forma estructural el problema de la vivienda y ha criticado que el denominado 'decreto Maricarmen' haya sido dividido en dos textos.
En particular, Podemos ha señalado la renovación automática de los contratos de alquiler como una de las medidas de mayor alcance y ha acusado al Gobierno de haber separado esta iniciativa del resto del paquete, lo que, según la formación, podría facilitar su rechazo parlamentario.
EH Bildu, ERC y BNG también han anunciado su respaldo a los dos decretos, mientras que Junts mantiene una posición especialmente relevante ante la votación por la importancia de sus escaños para la convalidación de las medidas.