La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles, con los votos de PSOE y Sumar, la tramitación de una enmienda para modificar la Ley de Memoria Democrática de una forma inusual al incluirla en un proyecto de ley de reforma educativa para eludir el fallo del Supremo sobre la ley de nietos.
El propósito del Gobierno es convertir en ley la instrucción dictada por la hermana del ministro Puente, Sofía Puente, en octubre de 2022, por la que se establecían los criterios para tramitar las solicitudes y se planteaba como exiliados a los españoles que emigraron de España entre 1936 y 1955.
Los servicios jurídicos del Congreso han advertido de que no existe "el mínimo punto de conexión material" entre la enmienda de Sumar y la reforma de la ley de educación.
La mayoría absoluta del PP en el Senado ha impedido que salga adelante este miércoles una moción del PSOE para mostrar un respaldo parlamentario a la instrucción del Ministerio de Justicia en 2022 que indicaba a consulados y registros civiles que los descendientes de exiliados entre 1936 y 1955 no requerían documentación adicional para demostrar la persecución política.
En la misma sesión plenaria, en cambio, ha sido aprobada una moción del PP también referida a la instrucción de 2022 sobre la conocida como 'ley de nietos', que es la parte de la Ley de Memoria Democrática que concede la nacionalidad a descendientes de exiliados, pero en este caso la moción es para recomendar al Gobierno que revise la instrucción.
En el debate de la moción socialista, la que no se ha aprobado, el senador gallego del PSOE César Mogo ha lamentado que el PP haya promovido en el Tribunal Supremo suprimir el sufragio de cientos de miles de españoles, para concluir: "Allí donde hay un derecho ganado, ahí está el PP para convertirlo en un problema".
El mismo argumento de retar a traer a las Cortes una propuesta de ley lo ha empleado en la réplica el senador asturiano del PP Pablo González Menéndez, pero en sentido contrario, pues ha dicho a los socialistas que la instrucción de 2022 tendrían que convertirla en una iniciativa parlamentaria, porque desvirtúa la Ley de Memoria Democrática.
Y esto porque consideraba que todos los que se expatriaron entre 1936 y 1955 eran exiliados, cuando, a su juicio, pudo haber en esos años algunos emigrantes; es decir, que se fueran por motivos económicos o porque quisieran, sin causa política, sindical religiosa o de orientación sexual.
A la instrucción la ha llamado "'sofíapuentazo'" dado que fue firmada por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en 2022 y hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha dicho que con esa norma el Gobierno "metió la mano en el censo electoral".