El censo de los residentes españoles en el exterior está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso de la Abogacía del Estado a las medidas cautelares que dictaminó paralizando las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la vía de la ley de nietos.
El Supremo se ha reunido este lunes, coincidiendo con el anuncio de la convocatoria de elecciones el 29 de noviembre, para analizar el recurso de la Abogacía del Estado, pero podría no resolver hoy sobre esta cuestión, que afecta a una parte del censo de españoles que vive en el extranjero.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 38.524.385 españoles están llamados a las urnas el 29N, de los cuales 2.747.688 son residentes en el extranjero.
Son datos correspondientes al censo vigente, cerrado el día primero del segundo mes anterior al de la fecha de su convocatoria (según la norma), en este caso el 1 de agosto, a los que hay que sumar las inscripciones de quienes tengan la mayoría de edad el día de la votación y los que se incorporen por la ley de nietos una vez que se resuelvan todos los expedientes.
El Supremo calculó en 408.262 los nuevos electores que se nacionalizaron a través de la ley de nietos, que otorga la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles y se basaba para sostener esa cifra en el "incremento extraordinario" del censo CERA desde las elecciones generales de 2023.
Sin embargo, la Abogacía redujo esa cifra a 369.017, de los cuales 168.896 accedieron a la nacionalidad a través de la instrucción que presumía la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
En todo caso, la Abogacía del Estado advirtió hace unos días al Alto Tribunal, antes de que se convocaran los comicios, que resultaba "materialmente imposible" revisar esos casi 169.000 expedientes de nuevos electores para que pudieran votar en 2027, una tarea que corresponde realizar a los consulados.