Por fin se ha convocado a la ciudadanía para que decida sobre el gobierno de España, el que ha de hacerse, y para que exprese a la vez su veredicto sobre lo que ha venido siendo en estos últimos años.
Si todas las elecciones legislativas son importantes, las convocadas para el próximo 29 de noviembre lo serán en grado superlativo. En los ya casi cincuenta años de democracia parlamentaria, nunca como ahora se trata de decidir sobre lo básico de nuestro sistema político, aunque formalmente no se trate de elecciones constituyentes. Incluso en las elecciones de junio de 1977 había un general consenso muy ampliamente mayoritario en favor del Estado de Derecho y de la democracia parlamentaria, aunque las interpretaciones fueran heterogéneas. En todas las elecciones posteriores se trataba de ver qué programa político obtenía un mayor respaldo ciudadano, pero sin que estuviera en cuestión básicamente ni la consistencia y continuidad de la democracia parlamentaria, ni la del Estado de Derecho. Ahora, en cambio, esto es lo que principalmente está en juego, lamentablemente.
Con estas elecciones se trata de ver si la gente respalda la trayectoria de los gobiernos de Pedro Sánchez y sus coaligados comunistas y separatistas, y en particular la de la última Legislatura, o si, por el contrario, evidencia un rechazo frontal, con independencia de que simpatice más o menos con alguno de los partidos que se han venido oponiendo a ella y que se presentan como alternativa.
Ciertamente algo parecido ocurre en cualquier convocatoria de elecciones legislativas. Pero lo trascendente de las que ahora van a producirse es que el gobierno de Sánchez, con la variopinta mayoría mínima que lo ha respaldado en el Congreso, ha venido sacudiendo los cimientos mismos del Estado de Derecho e ignorando palmaria y crecientemente las exigencias propias de la democracia parlamentaria, lesionando, en consecuencia, los fundamentales derechos políticos de la ciudadanía y poniendo en grave riesgo el conjunto de la convivencia nacional, los derechos y libertades en que ésta se funda, y la respetabilidad europea e internacional de España. Últimamente ha llegado incluso a conductas de grave inacción ante una evidente invasión del territorio nacional, rodeando todo lo ocurrido con sucesivas sartas de mentiras y obscuras explicaciones, y desamparando ambiguamente a una parte de la ciudadanía española con incumplimiento de las obligaciones más elementales de cualquier Estado.
En las elecciones del 29 de noviembre la ciudadanía tiene que evidenciar si acepta o rechaza que un Gobierno pueda gobernar y usar los recursos públicos sin someterse anualmente a la aprobación parlamentaria de los presupuestos generales que determinan los gastos posibles; si acepta o rechaza que el Gobierno pueda dictar decretos-leyes para todo lo que se le ocurra, llenando con ellos centenares de páginas del Boletín Oficial, en lugar de facilitar el ejercicio de la potestad legislativa a quien la tiene atribuida constitucionalmente, las Cortes Generales (Congreso y Senado), con procedimientos en los que puedan intervenir, con razones, libremente, todos los representantes elegidos por la ciudadanía, de todas las tendencias y partidos; es decir, en efecto, si acepta o rechaza que pueda tratar de gobernarse obviando la democracia parlamentaria establecida por la vigente Constitución e incluso ya por la Ley para la Reforma Política que el pueblo español avaló en el referéndum nacional llevado a cabo en diciembre de 1976; si acepta o rechaza que España se convierta en una excepción en el concierto europeo, con un Gobierno autócrata, de tipo casi plebiscitario, una vez lograda la mayoría parlamentaria mínima necesaria para ser tal Gobierno; y si acepta o rechaza, en fin, que esa mayoría gobernante este constituida de manera decisiva precisamente por quienes dicen querer separarse del Estado español y no tienen, en consecuencia, el menor interés por que a éste le vaya bien, sino más bien lo contrario.
En las elecciones del 29 de noviembre la ciudadanía se pronunciará a la vez sobre si acepta o rechaza que un Gobierno, por cálculo interesado, haga ineficaces sólidas decisiones de los tribunales de justicia en asuntos de alta trascendencia nacional, y hostigue permanentemente a los órganos del Poder Judicial y a unos u otros de los jueces y magistrados que lo conforman; o si acepta o rechaza que un Gobierno ponga al servicio de sus intereses políticos partidistas al Ministerio Fiscal y otras instituciones claves.
En fin, en las elecciones del 29 de noviembre, el pueblo habrá de evidenciar si simpatiza o repele los comportamientos corruptos que han rodeado al Gobierno saliente, algunos de los cuales ya han sido condenados judicialmente y otros están en camino. Y si acepta o se opone a que el Gobierno de todos los españoles, cualquiera que sea su orientación política partidista, se empeñe en actuar en todo momento atacando a quienes no le hayan respaldado, sin cejar en insultos y vejaciones, y buscando la división de los ciudadanos, y hurgando en el pasado sectariamente para ahondar en la confrontación.
No serán unas elecciones más, estas del 29 de noviembre. España se juega muy seriamente la posibilidad de tener un futuro de saludable continuidad, en lo fundamental, del medio siglo que se inició a finales de 1976 y en 1977, consolidándose en 1978 con la vigente Constitución, que lleva –o llevaba- camino de ser, en pocos años más, la más longeva de las que este país se ha dado. Sería verdaderamente penoso que, así como la Constitución de 1876 quedó en buena parte suspendida, por la dictadura militar, en 1923, aunque no terminaría su vigencia hasta 1931, el magnífico impacto de la Constitución de 1978 pudiera quedar interrumpido o abortado, de hecho, al menos en parte importante, por prácticas autoritarias crecientemente excluyentes de la efectiva supremacía de la representación del pueblo en las Cortes Generales y de la separación de poderes.