El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado este martes sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención del expresident catalán Carles Puigdemont, tras conocerse el fallo del Constitucional que ha declarado amnistiado el delito de malversación a la exconsellera catalana Dolors Bassa.
Menos de una hora después de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional, que ha declarado amnistiado el delito de malversación a la exconsellera catalana Dolors Bassa, Llarena ha dictado un auto en el que deja sin efecto las órdenes que pesaban contra Puigdemont así como contra los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig, procesados por rebeldía.
Llarena no ha esperado a la publicación de la sentencia de Constitucional por el BOE y, de hecho, explica que adopta esta decisión tras hacerse público el fallo de la corte de garantías frente a la postura del alto tribunal que denegó la aplicación de la amnistía al delito de malversación por el que fue condenada Bassa.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que el Pleno ha estimado con los siete votos de la mayoría progresista frente a los cinco en contra de la minoría conservadora el recurso de la exconsellera catalana Dolors Bassa a partir de la ponencia del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Porque el pleno solo ha votado la ponencia de éste ultimo una vez que el magistrado conservador Jose María Macías ha retirado su propuesta respecto al recurso del exconseller Jordi Turull, menos crítica con el Supremo que la del presidente, quien, de hecho, ha asumido la ponencia del secretario general de Junts.
La sentencia aprobada ordena al alto tribunal que "dicte una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación" a Bassa con "carácter preferente y urgente", lo que avanza el desenlace para los otros líderes del 'procés'. Esto es así porque la resolución fija doctrina para el resto de los amparos de condenados y procesados por rebeldía por el 'procés', entre ellos Puigdemont, cuyo regreso se antoja inmediato una vez que el magistrado Pablo Llarena prevé aplicarla al expresident sin esperar a que el Constitucional resuelva su recurso de amparo.
En síntesis, la sentencia aprobada enmienda la postura del Supremo, que no aplicó la amnistía a la malversación al entender que los líderes del 'procés' obtuvieron un beneficio personal de naturaleza patrimonial, una de las excepciones que recoge la norma.