Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones generales porque cree que va a ganarlas. No se trata de una excepción. Es lo habitual en los presidentes de Gobierno de todas las democracias parlamentarias. A través de la “ley de nietos” y otras maniobras, ha otorgado cientos de miles de cartas de nacionalidad con derecho al voto. La crecida del censo electoral desvirtúa lo que las empresas de sondeos políticamente serias habían pronosticado: más de doscientos diputados para Partido Popular y Vox y un centenar raspado para el PSOE.
Aparte del escándalo de la transformación del censo electoral, a la que ha hecho frente el Tribunal Supremo, Pedro Sánchez ha alentado acampadas en Madrid y en otras ciudades ofreciendo un relato incierto a la opinión pública a través de los medios de comunicación que le amparan y los periodistas dóciles que le elogian. Ha puesto en pie de guerra, sublevadas en la calle, a parte de la izquierda y de la extrema izquierda. Y ha ordenado a los sindicatos UGT y CCOO el apoyo de una huelga general.
Son muchos, empezando por la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los que recuerdan las trampas comprobadas que hizo el líder socialista para encaramarse dentro de su propio partido. Son muchos también los que creen que puede tener enmascaradas jugarretas todavía no conocidas. Resulta muy duro afirmar todo esto, pero ese es el clima que envuelve a las elecciones generales del 29 de noviembre. Las sombras de irregularidades, jugarretas y trampas se han hecho muy densas y forman parte de la preocupación general. Preocupación agrandada porque Pedro Sánchez ha aprovechado la disolución de las Cortes para colar en la Diputación Permanente los dos decretos (con escasas reformas) rechazados por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Y además ha deslizado en ellos, según denuncia María Jamardo en El Debate, aspectos esenciales de la llamada “ley de nietos”, así como un centro de inmigrantes para Ceuta.
Desde la Transición, el respeto al Estado de Derecho ha sido general hasta que Pedro Sánchez se sentó en la silla curul del Palacio de la Moncloa y empezó a violentar lo que la ciudadanía consideraba intocable