El Tribunal Supremo ha tumbado el decreto 'antichiringuitos' del Gobierno que endurece los criterios para crear nuevas universidades y pretendía evitar que proliferasen centros privados de enseñanzas superior que no cumplieran con los estándares de excelencia.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha tumbado el real decreto 905/2025 sobre universidades al estimar un recurso de Baleares por falta de justificación de su tramitación urgente, lo que significa que no ha entrado a debatir el fondo del asunto.
En síntesis, el Supremo concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado, por tanto la omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido.
Para el alto tribunal, el núcleo de la cuestión está en si el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de abril de 2025, que decide la tramitación urgente del proyecto presentado, expone y justifica las circunstancias extraordinarias que exijan la aprobación urgente de la norma y la omisión del trámite de consulta pública.
Dice el Supremo que "el único elemento que se emplea para la justificación (aprobación de la reforma para que pudiera estar en vigor en el curso académico 2025/26) es más una voluntad política para su pronta entrada en vigor que una causa objetiva que acredite una urgencia ante la necesidad de evitar unos determinados efectos que produce la normativa reglamentaria vigente".
Además, la explicación que alega el acuerdo del Consejo de Ministros "no permite considerar que las circunstancias que enumera puedan entenderse como extraordinarias o imprevisibles".
"No son otra cosa que circunstancias que el titular de la potestad reglamentaria presenta como la causa necesaria para realizar las reformas que considera oportunas ante la evolución del sistema universitario, pero que no pueden justificar una declaración de urgencia que tiene como efecto legalmente previsto la omisión del trámite de consulta pública", añade la Sala.
Por tanto, continúa el tribunal, "el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación no está debidamente justificado. Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa carecía del amparo legalmente exigido".
Entre otro aspectos, la norma establecía un número de alumnos exigidos para poder abrir un centro de educación superior (4.500 estudiantes), regulaba la verificación de nuevos títulos dentro de una universidad ya creada así como la necesidad de tener un número de profesores doctores y la acreditación de centros extranjeros con sede en España.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró al respecto la intención de frenar la creación de "chiringuitos" y reforzar las exigencias para garantizar que las universidades tengan proyectos de calidad y no sean "una máquina expendedora de títulos".
Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado que está preparando un nuevo decreto para aprobarlo "cuanto antes", y sostiene que la sentencia del Supremo "no cambia" su conviccióon sobre la necesidad de una regulación que "ordene el crecimiento universitario y garantice su calidad".
"No nos cruzamos de brazos. Ya estamos trabajando en una nueva norma para poder aprobarlo lo antes posible, dentro del marco que establezca la resolución judicial y con todas las garantías jurídicas", añade el comunicado que incide en que el decreto "fue tramitado con todas las garantías" y contó con el aval del Consejo de Estado.
El Ministerio recuerda que el Consejo de Estado avaló expresamente la legalidad de la tramitación urgente y con ello poder prescindir del trámite de consulta previa, tras criticar que, según ha conocido por los medios de comunicación, el Supremo ha estimado un recurso de Baleares por falta de justificación de su tramitación urgente, lo que significa que no ha entrado a debatir el fondo del asunto.
"No estamos hablando de una norma improvisada ni unilateral" justifica el departamento que dirige Diana Morant, al señalar que el real decreto fue informado por el Consejo de Universidades, el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado y la Conferencia General de Política Universitaria, además de haber contado con un amplio trámite de audiencia a organizaciones y asociaciones representativas del sistema universitario.
"Y en la Conferencia General de Política Universitaria, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular fueron las únicas que se opusieron a la aprobación de la norma...lo que demuestra que el Gobierno no estaba actuando al margen de las comunidades autónomas ni de la comunidad universitaria", recalca.
Para el Gobierno, el problema que motivó esta regulación sigue existiendo y hay que garantizar que el crecimiento del número de universidades no se haga a costa de la calidad del sistema y crezca con garantías vinculadas a la investigación, profesorado, oferta académica y sostenibilidad.
"España está muy cerca de tener tantas universidades privadas como públicas, el sistema cuenta ya con 50 universidades públicas frente a 49 privadas", recuerda.
Universidades también critica que "una información de estas características haya sido conocida primero a través de los medios de comunicación que por el propio Ministerio, lo que genera una situación de indefensión para la institución", y, añade, "máxime si tenemos en cuenta el periodo preelectoral en el que nos encontramos actualmente".
La norma introduce, entre otras medidas, requisitos más exigentes en materia de investigación, profesorado, oferta académica, solvencia económica y alojamiento, así como un sistema de evaluación de la calidad más riguroso, con informes vinculantes de Aneca o de las agencias de calidad autonómicas para la autorización de nuevas universidades.