El Tribunal Supremo ha desbaratado el intento de pucherazo urdido por Pedro Sánchez con la ley de nietos. El Alto Tribunal no se arredra ante las amenazas del Gobierno y ante la gran mentira del “derecho a voto” que esgrimen los corifeos de Moncloa y ha acordado mantener la suspensión del voto de los extranjeros nacionalizados. La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de la Abogacía del Estado y confirma las medidas cautelares que bloquean el alta y los efectos electorales en el censo de cara a las próximas elecciones generales en su defensa de preservar “la pureza del proceso electoral”. Cuestiona, además al Gobierno, por no garantizar ni comunicar con certeza la forma en la que se produjo su inscripción ni la “trazabilidad” de los expedientes y, según el auto, no puede, por tanto, avalarse como correcta. Los magistrados, en fin, denuncian la chapuza de la ley de nietos y sugieren sus perversas intenciones partidistas.
La resolución del Supremo es impecable y convincente y sus argumentos irrefutables ante el intento del Gobierno de adulterar el censo. Según los magistrados del tribunal, “la limpieza en la relación de electores del censo es un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de irregularidad". Y resulta imprescindible "preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral que debe prevalecer sobre el interés particular del ciudadano". Afea, además, al Gobierno sus sospecha de pucherazo al afirmar que “no puede alegarse imposibilidad de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla". Esto es, el Gobierno no ha sido capaz de garantizar que la medida cumpla con los preceptos legales; menos aún, demostrar la veracidad de los datos para conceder la nacionalidad y el derecho a voto a esos supuestos descendientes de los exiliados del franquismo.
Al rechazar el recurso de la Abogacía del Estado (que no del Gobierno), el Tribunal Supremo, aniquila así la gran esperanza de Sánchez de interferir en la limpieza electoral con la pretensión de ganar las elecciones o, como reconocen ahora, de obtener un resultado digno, de no ser arrollados en las urnas. Pero, de nuevo, se agarrará al clavo ardiendo del Tribunal Constitucional comandado por el socialista Conde-Pumpido, siempre dispuesto a ayudar a su jefe. Lo hizo, entre otros muchos casos, al “indultar” a los condenados por el ERE de Andalucía, al avalar la amnistía de Puigdemont y ahora se afana en “legitimar” el pucherazo de la ley de nietos para sacar del atolladero al líder socialista.
El tiempo corre. Pero Conde-Pumpido va a intentar aprisa y corriendo corregir al Tribunal Supremo por frustrar el escandaloso pucherazo. Pues Sánchez necesita esos votos para tener alguna posibilidad de mantenerse en el poder. Ya se ha comprobado que ni su cinismo de llevar el cadáver de Maricarmen a los mítines, ni las algaradas del Sindicato de Inquilinas le han valido para revertir el sentido del voto. Según las últimas encuestas, PP y Vox confirmarían el 29-N una abrumadora mayoría absoluta y el PSOE y las izquierdas, que andan a la greña, se desmoronarían irremisiblemente. Solo el Constitucional podría evitar el desastre resucitando la ley de nietos. De ahí, que el presidente socialista del tribunal trabaje a destajo para obrar el milagro.