Dos jóvenes obtienen la misma calificación al terminar el bachillerato. Uno dispone de habitación propia, clases particulares y unos padres que conocen los caminos de la universidad. El otro comparte dormitorio, trabaja algunas tardes y es el primero de su familia que se plantea cursar estudios superiores. Ambos han aprobado las mismas asignaturas y acreditado conocimientos semejantes. Sin embargo, han tenido que superar obstáculos diferentes. Sus expedientes permiten comparar los resultados; sus biografías obligan a preguntarse qué estamos valorando cuando hablamos de mérito.
La pregunta importa porque el mérito contiene una promesa que merece defenderse. Acceder a una responsabilidad por preparación y capacidad, en lugar de hacerlo por nacimiento o favor, constituye una conquista frente al privilegio. Una sociedad necesita profesionales competentes y procedimientos que permitan seleccionarlos. También necesita reconocer el trabajo bien hecho. La dificultad aparece cuando esa defensa se transforma en la afirmación de que cada persona ocupa exactamente el lugar que merece.
Entre ambas ideas existe una distancia considerable. Una oposición puede desarrollarse con pruebas iguales para todos y exigir años de preparación que solo algunos pueden financiar. Una oferta laboral puede admitir cualquier candidatura y circular principalmente entre quienes tienen determinados contactos. La ausencia de una prohibición formal no garantiza oportunidades equivalentes. A veces, la selección comienza mucho antes de que se publique la convocatoria.
El sociólogo de izquierda Pierre Bourdieu explicó en su ensayo Las formas del capital (1986) que las familias transmiten mucho más que recursos económicos. También proporcionan formas de hablar, conocimientos y familiaridad con determinados ambientes. Ese capital cultural se incorpora durante la vida cotidiana y puede parecer una cualidad exclusivamente personal cuando llega el momento de evaluarlo. Quien ha crecido entre libros, conversaciones académicas y orientación profesional dispone de recursos que otros tendrán que adquirir por su cuenta. Reconocer esa diferencia no invalida sus conocimientos ni resta valor a su trabajo. Permite comprender las condiciones en las que ambos se desarrollaron.
Existe, además, una ventaja menos visible: la posibilidad de equivocarse. Dos jóvenes pueden abrir un negocio con idéntica iniciativa, pero afrontar consecuencias muy diferentes si fracasa. Uno conservará una vivienda y contará con ayuda para intentarlo de nuevo. El otro puede perder sus ahorros y quedar endeudado. Los dos asumen riesgos, aunque su alcance sea desigual. También la disposición a emprender depende del respaldo disponible cuando las cosas salen mal.
Nada de esto convierte el origen en un destino inmutable. Hay personas que superan obstáculos extraordinarios y otras que desaprovechan condiciones favorables. El esfuerzo, la perseverancia y las decisiones individuales tienen consecuencias. Precisamente por eso conviene evitar que los casos excepcionales se utilicen para negar las dificultades generales. Que alguien haya conseguido avanzar sin apoyos demuestra su capacidad; no demuestra que esos apoyos sean innecesarios para los demás.
El laborista Michael Young exploró una paradoja semejante en El triunfo de la meritocracia (1958). Su sociedad imaginaria, organizada alrededor de la inteligencia y el esfuerzo, producía una élite convencida de la legitimidad de su posición. La clasificación de las capacidades terminaba justificando una jerarquía social rígida. La advertencia conserva interés: un sistema presentado como abierto puede resultar especialmente humillante para quienes quedan abajo, porque parece atribuirles toda la responsabilidad de su situación.
Ahí se produce el salto más discutible: convertir el éxito en una medida del valor humano. Una remuneración elevada puede responder a una capacidad escasa, una posición negociadora favorable o una demanda concreta del mercado. No mide, por sí sola, la utilidad social de una actividad. Tampoco un salario bajo demuestra falta de esfuerzo. Quien cuida a una persona dependiente, limpia un hospital o realiza un trabajo físicamente agotador no tiene por qué esforzarse menos que quien recibe una retribución muy superior.
El social liberal John Rawls abordó esta cuestión en Teoría de la justicia (1971). Nadie elige la posición social en la que nace, y una igualdad de oportunidades efectiva exige algo más que permitir legalmente el acceso a los mismos puestos. Personas con capacidades y disposición semejantes deberían contar con posibilidades comparables de desarrollarlas, con independencia de su origen. Las instituciones deben, por tanto, atender a las condiciones en las que se forman esas capacidades, además de establecer las reglas de la selección final.
Esta exigencia es compatible con la competencia necesaria para desempeñar una función. Cuando necesitamos una intervención quirúrgica, tenemos derecho a exigir un médico preparado. La respuesta a la desigualdad consiste en procurar que cualquier joven capaz pueda recibir la formación necesaria para llegar a serlo. Rebajar indiscriminadamente la exigencia puede perjudicar precisamente a quienes más dependen de que la educación les proporcione conocimientos sólidos y una acreditación fiable.
Tomarse el mérito en serio requiere actuar sobre sus condiciones de desarrollo. Las becas, la orientación académica, una vivienda que permita estudiar o las ayudas para preparar una oposición cuando la familia necesita los ingresos del aspirante pueden ampliar las oportunidades. También hacen falta criterios de selección transparentes y controles frente al favoritismo. Ninguna medida eliminará todas las diferencias, pero su persistencia tampoco justifica renunciar a reducirlas.
Una trayectoria individual se construye, además, dentro de una comunidad. Quien alcanza una posición destacada ha utilizado conocimientos acumulados, instituciones y trabajos ajenos que hacen posible su actividad. Reconocerlo permite agradecer la ayuda recibida sin negar el esfuerzo propio. También recuerda que quienes sostienen la vida común merecen seguridad y consideración, aunque su ocupación no les proporcione prestigio. Una sociedad no puede reservar una existencia digna para quienes logran destacar en la competencia.
Los dos estudiantes del comienzo deberán demostrar lo que saben. Sería injusto atribuir al primero una culpa por los apoyos que ha recibido, como lo sería ignorar los obstáculos que ha superado el segundo. La tarea pública consiste en conseguir que ambos puedan desarrollar sus capacidades y que ninguno encuentre su futuro decidido de antemano por el patrimonio o la posición de su familia.
Defender el mérito compromete, por tanto, a combatir las desigualdades que impiden desarrollarlo. Exige reconocer la responsabilidad personal junto a las condiciones que la hacen posible. La cuna seguirá formando parte de nuestras biografías; una sociedad que se tome en serio la libertad debe procurar que no escriba por anticipado su desenlace.