Al constituirse nuestra nación en un Estado con Gobierno central y 17 Autonómicos, estaba claro que se terminarían produciendo discrepancias entre lo legislado por los diversos Parlamentos de las Comunidades. Como en varios países democráticos -tanto Monarquías como Repúblicas-, en la España democrática de los 70 se consideró conveniente crear un Tribunal Constitucional que decidiera con objetividad sobre los excesos o colisiones derivados de la legislación autonómica.
Nada más lejos, sin embargo, que convertir al Tribunal Constitucional en un tribunal de casación del Supremo. Sin embargo, algunos magistrados del Constitucional estuvieron desde el principio encantados de enmendar la plana al Supremo en cuestiones que nada tenían que ver con una eventual legislación hostil a la Carta Magna española o a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Recuerdo la intervención del Rey Juan Carlos y de Pascual Sala para reconducir la indignación de la Sala Segunda del Supremo ante la introducción del Constitucional en asuntos que solo correspondían al Supremo. La habilidad del Rey y de Sala evitaron el escándalo de una colisión entre ambos tribunales.
Desgraciadamente, el Tribunal Constitucional bordea de nuevo el convertirse en tribunal de casación del Supremo, lo que alteraría de fondo la administración de la Justicia en España. Y todo por las ambiciones políticas de Pedro Sánchez. Como necesitaba para su investidura los votos de Junts y de ERC, los consiguió a través del clásico do ut des: “Yo os doy la amnistía y vosotros los votos en el Congreso de los Diputados”. Ahora se ha enredado todo con la llamada “ley de nietos”. En medio del fárrago argumental de unos y otros, solo una cosa está clara: Pedro Sánchez ha puesto en marcha la operación porque le separan varios centenares de miles de votos del Partido Popular. El presidente cree que los sufragios de los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y adláteres de los republicanos que se exiliaron en 1939 pueden dar la vuelta a una situación como la actual que, según las encuestas científicamente serias, significan una catástrofe para el sanchismo.