La “prosperidad económica” de Pedro Sánchez se ha basado en los últimos ocho años en un par de expedientes: incrementar los impuestos cada vez que el Gobierno necesitaba dinero; y aumentar la deuda pública que solo en este año de 2026 creció en 51.000 millones, superando la astronómica cifra de 1,75 billones.
Como ha explicado J. de Antonio en La Razón, otras naciones europeas galopan también desenfrenadamente en la carrera de la deuda pública. La situación de Francia resulta alarmante para toda Europa. España no camina a la zaga en cuanto a la preocupación por el crecimiento desmedido de la deuda pública. La Seguridad Social, por cierto, también está en números rojos y su endeudamiento supera ya los 136.177 millones.
El problema es que la deuda pública hay que devolverla y eso compromete al menos a las dos próximas generaciones. Entre tanto, y de forma anual el Gobierno se encuentra en la situación de pagar unos intereses de tal volumen que comprometen los Presupuestos Generales del Estado. Claro que Pedro Sánchez ha culminado la hazaña de agotar su legislatura sin presentar ninguno de los cuatro años, en flagrante incumplimiento de la Constitución, la ley de Presupuestos Generales del Estado, cosa que no ha ocurrido nunca en ninguna democracia europea.
Así, qué más da. Se endeuda a la nación hasta la angustia y se endosa a las futuras generaciones arreglar el despilfarro y el desquiciado derroche de la gestión sanchista, que ni ha previsto ni le ha preocupado el crecimiento del gasto público.
No sé si Alberto Núñez Feijóo planteará en los debates electorales esta realidad que a todos preocupa. En todo caso, está claro que formará parte de la gestión a realizar por el próximo Gobierno.