El PSOE ha vuelto a saltarse el plazo dado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, para facilitar los datos que le reclama sobre los abogados contratados por el partido entre 2021 y 2025.
Pese a ser la segunda vez que incumple el plazo dado por el juez, en el escrito, al que ha tenido acceso EFE, el PSOE pide a Pedraz que dé "por acreditada la voluntad de este partido de dar cumplimiento a lo acordado con respecto al secreto profesional, sin que la falta de aportación inmediata de toda la documentación pueda entenderse como negativa a colaborar" con la justicia.
Pedraz, que investiga el caso Leire en la Audiencia Nacional, solicitó al PSOE que le remitiera, en un plazo de 48 horas que finaliza este jueves, información sobre los letrados o despachos de abogacía y consultoría contratados por el partido entre 2021 y 2025, un requerimiento que ya hizo el pasado día 6 sin que obtuviera respuesta.
El PSOE argumenta que los servicios jurídicos del partido no pueden por sí solos "valorar ni dispensar del secreto profesional en todos los afectados, dado que no es parte del mismo, sin excluir el riesgo de que algún tercero pudiera exigirnos responsabilidad por ello", y que es por este motivo que solicitaron al Consejo General de la Abogacía Española "que se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional en relación con la información requerida".
"La entrega directa de esta información, sin esas autorizaciones, podría comprometer además los deberes legales y deontológicos de quienes la realizaran, lo que impide, con todo respeto al órgano judicial, en este momento, a este Servicio Jurídico proceder a ella sin un pronunciamiento previo", añade el abogado del PSOE.
El partido también aduce que la coincidencia con la campaña electoral del 29N hace difícil la recopilación de la información requerida. Asimismo, como consecuencia de esta campaña electoral, "la capacidad de respuesta inmediata se ve obviamente mermada y no depende de esta asesoría jurídica", argumenta el PSOE.
La información requerida concierne a terceras personas: los abogados externos del partido, "titulares de su secreto respecto de los documentos y comunicaciones", y a los cargos públicos, representantes orgánicos o militantes del partido cuando se les encargó en relación con su actividad política ya que estos asuntos "afectan a su intimidad y a su significación ideológica".
Afectan, también, a procesos judiciales "en fase inicial o no concluidos de los que el PSOE es parte", sostienen en el escrito remitido al juez.
Sobre la consulta formulada al Consejo General de la Abogacía, el PSOE explica que esta "no persigue ni dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado por ese Tribunal", sino "únicamente dotarlo de las garantías que la propia Providencia relaciona con el secreto profesional".