La jueza que instruye la causa abierta para investigar el accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el que han muerto hasta ahora 68 personas, ha prohibido el acceso de personas no autorizadas a la zona del siniestro y la retirada de cualquier elemento del área afectada para "preservar las evidencias, pruebas e indicios".
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha informado de las primeras medidas adoptadas por la titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), responsable de la investigación.
En una providencia dictada esta tarde, prohíbe el acceso a toda persona ajena a menos de dos kilómetros de la vía de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, de modo que solo las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial están autorizados a permanecer en la zona.
En la misma providencia, se prohíbe "la retirada de cualquier elemento", así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada.
La decisión de la instructora se produce, señala el TSJCLM, "con el fin de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios".
La jueza ha acordado además "la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren, para su posterior análisis".
También ha pedido a la Policía Judicial que se persone en el centro de control de tráfico ferroviario de Atocha, para que "recaben datos relativos a la circulación de trenes en la zona del siniestro" y ha solicitado un informe a la comisión de investigación de ADIF sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del accidente.
Asimismo ha solicitado a Policía Judicial de Toledo que recoja datos de ADIF relacionados con protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro, y posteriores al accidente ferroviario. Por último, ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones.