En un diario digital de firme pulso agresivo, se afirma: “Pedro Sánchez y su pulso contra el Tribunal Supremo mantiene en el censo a nacionalizados, buscando el pucherazo”. Parece claro, en efecto, que los 163.355 nacionalizados cuya veracidad se trata de comprobar significan solo una parte del pucherazo que precisa Sánchez para equilibrar las elecciones generales, puesto que las encuestas científicamente serias otorgan al centro derecha una cifra de diputados en torno a los doscientos, y una diferencia en el número de votos que supera el millón.
Subraya Libertad Digital que “ante las pésimas perspectivas electorales, el Ejecutivo ha intentado engrosar el censo de votantes foráneos mediante vías complementarias irregulares. En concreto, se criticó la instrucción ministerial dictada por Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, mediante la cual se relajaron los requisitos legales aprobados precisamente por las Cortes Generales para facilitar la concesión de nacionalidades sin ningún tipo de control parlamentario”.
Y por supuesto, hay dos cifras incontestables. En el año 2023, el censo electoral fue de 37.469.458 de personas. En este año de 2026, se ha elevado hasta los 38.568.424 de votantes. Es decir, 1.100.000 electores más que se suman de las nacionalidades otorgadas a inmigrantes regularizados y a los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y adláteres de los republicanos que en 1939 decidieron abandonar España. Todavía está a tiempo Alberto Núñez Feijóo para exigir explicaciones sobre esa abrumadora cifra de 1.100.000 votantes nuevos, tan lejos de los 163.355 que los sanchistas han enviado a la revisión del Tribunal Supremo.