Los Mossos d'Esquadra han detenido en la provincia de Barcelona a 50 personas, 43 de ellas empresarios, por su presunta vinculación con una red criminal que ganó más de 3,2 millones de euros gestionando la entrada irregular de pakistaníes en el país o regularizando su residencia en España.
Los Mossos informan este sábado de que esta organización criminal captaba ciudadanos pakistaníes que deseaban tener permiso de residencia y trabajo en España, a los que cobraba hasta 30.000 euros, para simular relaciones laborales que le facilitaban la entrada en el país o su regularización administrativa si ya estaban en él.
La policía catalana ha informado en un comunicado de que la red habría llegado a tramitar entre marzo de 2022 y julio de 2023 un total de 224 expedientes de contratación en origen, de los que 108 obtuvieron una resolución favorable.
En esta operación de los Mossos, la mayor desarrollada en el ámbito de la inmigración irregular, se ha detenido a 50 personas -48 hombres y 2 mujeres-. De ellas, siete formaban parte de la red criminal y el resto eran empresarios que colaboraban con la misma con contrataciones laborales fraudulentas.
La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos ha indicado en el comunicado que ha acreditado que el grupo criminal tenía una estructura estable desde 2019, que era jerarquizado y que contaba con un reparto de funciones definidas. Estaba radicado en Cataluña pero con ramificaciones en Pakistán.
Los miembros de la red, presuntamente, actuaban como intermediarios entre ciudadanos pakistaníes interesados en regularizar su situación y empresarios que facilitaban contratos laborales y "documentación instrumental" a cambio de dinero.
La investigación de este caso, han explicado los Mossos, comenzó a raíz del análisis de la documentación encontrada durante los registros realizados a finales de febrero de 2024, en una investigación anterior relacionada con delitos como el tráfico de personas con finalidad de explotación laboral y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y blanqueo de capitales.
En aquella ocasión, una de las entradas se practicó en una gestoría de Barcelona, desde la que se habían tramitado expedientes fraudulentos de contratación en origen y contratos laborales falsos.
El análisis de los equipos informáticos intervenidos llevó a detectar la existencia de una organización criminal nueva, con integrantes establecidos en Barcelona y su área metropolitana, así como con colaboradores en Pakistán.
La organización captaba a personas en ese país, a las que ofrecía la posibilidad de obtener un visado de trabajo y una autorización de residencia a cambio del pago de elevadas cantidades de dinero.
La red también ofrecía regularizar su situación administrativa a personas que ya estaban en España, a las que proporcionaba contratos laborales simulados.
Los detenidos confeccionaban la documentación necesaria para tramitar los expedientes de contratación en origen, como registros civiles. Para ello, los empresarios aportaban a la red sus compañías como destino final de los trabajadores.
Las personas que viajaban desde Pakistán llegaban a pagar 30.000 euros mientras que los pakistaníes que ya estaban en España, pero deseaban regularizar su situación, abonaban hasta 8.000 euros para acceder a contratos de trabajo simulados, lo que les permitía iniciar el proceso administrativo.
Según el análisis de los Mossos, los 108 expedientes tramitados por la red le habrían reportado más de 3,2 millones de euros en ingresos, cifra que no incluye el pago por los expedientes que fueron denegados o archivados ni la tramitación de la documentación de quienes ya se encontraban en España.
Los Mossos comprobaron además durante la investigación que las personas contratadas acababan realizando actividades laborales en condiciones precarias o casi de explotación laboral.
En otros casos, la relación laboral era meramente ficticia y acababa poco después de obtener las autorizaciones administrativas o, incluso, no llegaba a materializarse.
La investigación policial ha permitido identificar a doce miembros de la red y a 62 empresarios.
Los primeros, según la policía catalana, se dedicaban a la captación, intermediación, gestión documental y coordinación de las diferentes fases de la tramitación de los expedientes fraudulentos.
Los 62 empresarios, por su parte, están relacionados con diversos sectores económicos, como establecimientos de alimentación, restauración, reformas o talleres metálicos.
Las detenciones se practicaron en dos fases diferentes, los días 26 y 27 de octubre y de los siete miembros de la red detenidos, tres han ingresado en prisión por orden judicial. Se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
A los empresarios detenidos se les atribuyen delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.