Durante la pandemia les decía a mis alumnos que éramos capaces de crear hipotecas subprime y productos financieros que casi nadie entendía, pero nos faltaban dos gomas y un trozo de tela para cubrirnos la boca. Era una provocación, desde luego. Una mascarilla eficaz requiere materiales adecuados, maquinaria y controles sanitarios. Precisamente ahí estaba el problema. Habíamos aprendido a mover enormes cantidades de dinero mientras aceptábamos que muchos bienes se fabricaran lejos de nosotros. Comprarlos donde resultaran más baratos parecía suficiente. Dábamos por supuesto que siempre habría alguien dispuesto a venderlos y un transporte capaz de traerlos. Cuando todos necesitaron lo mismo a la vez, descubrimos que disponer de dinero no garantizaba recibirlo a tiempo.
Aquella experiencia dejó una pregunta que sigue mereciendo respuesta: ¿qué necesita saber producir un país para sostener su prosperidad y conservar cierta autonomía? Resulta imposible fabricar todo lo que consumimos, pero también es imprudente considerar irrelevante dónde se produce. Esta idea no es nueva. Friedrich List explicó en Sistema nacional de economía política (1841) la diferencia entre disponer de riqueza y conservar la capacidad de generarla. Las fuerzas productivas de una sociedad incluían la formación, las instituciones, las infraestructuras y la experiencia acumulada. Comprar una mercancía barata podía beneficiar al consumidor; perder los conocimientos necesarios para fabricarla podía comprometer el futuro del país. El precio inmediato no recogía todas las consecuencias de aquella decisión.
El economista alemán escribía en una época en la que la superioridad industrial británica era incontestable. Por eso, defendía que las economías rezagadas pudieran proteger sus manufacturas mientras adquirían los medios para competir. Esa protección tenía una finalidad educativa: aceptar determinados costes presentes para desarrollar capacidades futuras. Su reflexión permite comprender por qué una fábrica vale más que sus instalaciones. Alrededor de ella se forman oficios, proveedores y conocimientos que se transmiten trabajando. Su desaparición puede llevarse consigo una experiencia que ninguna subvención reconstruye de inmediato.
Pero recuperar capacidad productiva tampoco garantiza que sus beneficios alcancen al conjunto de la población. Daron Acemoglu y Simon Johnson sostuvieron en Poder y progreso (2023) que el avance tecnológico no se convertía automáticamente en prosperidad compartida. Importaba cómo se utilizaba, qué oportunidades abría y quién participaba de sus resultados. Una política industrial debía atender a ambas cuestiones: qué podíamos producir y cómo esa producción mejoraría la vida de quienes la hacían posible.
España cuenta con sectores desde los que afrontar este desafío. Uno de ellos es la industria agroalimentaria, que dispone ya de una importante capacidad de transformación y envasado. Sobre esa base podemos avanzar, reforzando las marcas propias y la comercialización internacional. Cuando un producto se exporta a granel, una parte del negocio posterior queda en manos de quienes lo envasan, distribuyen y venden al consumidor. Ampliar la participación de nuestras empresas en esas actividades permitiría conservar aquí una mayor parte de su valor. Además, desarrollar estas actividades cerca de las zonas productoras puede crear empleo y abrir nuevas oportunidades para agricultores y ganaderos.
Por su parte, la energía puede proporcionar a España una ventaja decisiva para recuperar industria. Nuestros recursos solares y eólicos deberían servir para atraer fábricas y abaratar la producción de las que ya existen. Los proyectos de interconexión abren posibilidades de exportación, pero obligan a preguntarse dónde quedarán las actividades que utilicen esa electricidad y los empleos que generen. Vender energía puede ser un buen negocio; una política industrial debe aspirar también a transformarla aquí en productos de mayor valor. Para conseguirlo hacen falta redes que permitan conectar nuevas instalaciones, almacenamiento y contratos de suministro estables y competitivos. El éxito de la transición energética debería medirse también por las empresas que puedan establecerse y crecer en España gracias a ella.
También existen posibilidades en la industria farmacéutica y sanitaria. La lección de las mascarillas debería servir para examinar qué medicamentos, materiales y equipos conviene producir en nuestro territorio. España dispone de investigación biomédica y de actividad farmacéutica sobre las que ampliar esa capacidad. El reto consiste en conseguir que más descubrimientos lleguen a convertirse en productos fabricados en el país. Eso requiere financiación, colaboración entre investigadores y empresas y continuidad suficiente para completar procesos largos y costosos.
Igualmente, las industrias aeroespacial y de defensa constituyen otro sector de gran futuro. España cuenta con capacidades en construcción naval, aeronáutica, vehículos militares y electrónica que pueden sostener proyectos de mayor ambición. El aumento del gasto en defensa debería servir para desarrollar tecnología y consolidar proveedores nacionales. Comprar equipos en el extranjero puede ser necesario, pero conviene valorar qué conocimientos, fabricación y mantenimiento permanecerán aquí. La participación en programas internacionales debe permitir asumir responsabilidades de diseño y aportar soluciones propias. Los pedidos públicos, acompañados de una planificación estable, pueden ayudar a las empresas a invertir y formar profesionales. El resultado debe medirse tanto por la capacidad militar adquirida como por la autonomía tecnológica e industrial que esos recursos permitan conservar.
Llevar estos proyectos adelante requiere financiación y una administración que resuelva los expedientes sin eternizarlos. También exige profesionales bien preparados. La formación profesional y las universidades pueden contribuir mediante prácticas de calidad y proyectos de investigación vinculados con las necesidades de las empresas. Las ayudas públicas deben tener objetivos verificables y plazos de revisión. Su propósito es facilitar que las empresas lleguen a competir por sus propios medios; mantenerlas indefinidamente a costa del presupuesto desvirtúa ese esfuerzo.
Para la población, el resultado de este proceso de reindustrialización debería apreciarse en empleos con mejores salarios y posibilidades de aprender y progresar. Una empresa que fabrica productos de mayor valor puede disponer de más margen para remunerar a sus trabajadores, aunque ese reparto deba negociarse. Para un joven, un sueldo suficiente y cierta estabilidad permiten alquilar una vivienda, ahorrar y tomar decisiones sin depender siempre de sus padres. Si el precio de la vivienda absorbe cualquier mejora, una parte del esfuerzo habrá quedado frustrada. Las oportunidades laborales necesitan lugares donde sea posible vivir.
La comunidad también puede beneficiarse. Una actividad industrial estable genera trabajo para proveedores, talleres y servicios, y puede ofrecer razones para permanecer en una comarca. Permite que la formación adquirida por sus jóvenes encuentre una salida cercana. Su continuidad favorece relaciones profesionales y proyectos familiares que necesitan tiempo para asentarse. Para que eso ocurra, la inversión debe acompañarse de transporte, vivienda y servicios públicos. La apertura de una planta sirve de poco si quienes trabajan en ella no pueden construir su vida alrededor.
Recuperar la industria debería ser uno de los objetivos del próximo Gobierno. Exige elegir prioridades, sostenerlas más allá de una legislatura y corregir los proyectos que no funcionen. Habrá que valorar los resultados por las empresas que sigan produciendo, los conocimientos que permanezcan aquí y las condiciones de vida que hagan posibles. La pandemia nos obligó a preguntarnos cómo habíamos llegado a depender de otros para conseguir unas mascarillas. El Ejecutivo que salga de los próximos comicios debería trabajar para que, ante una nueva crisis, tengamos algo más que dinero con el que salir a buscarlas.