El próximo Gobierno que salga de las urnas este 29 de noviembre heredará una doble urgencia en materia industrial y de movilidad: evitar un frenazo en las ventas de coches tras agotarse los fondos del Plan Auto+ y desatascar el despliegue de la red de recarga. A apenas nueve días de la cita electoral, el sector de la automoción y de la movilidad eléctrica ha redoblado su presión sobre los partidos políticos para blindar la estabilidad regulatoria en 2027.
Según las últimas estimaciones trasladadas por fuentes del sector a Europa Press, los 400 millones de euros dotados para el Plan Auto+ de este 2026 están a punto de agotarse. La partida destinada a clientes particulares (Línea 1) echará el cierre este mismo viernes, 20 de noviembre, tras haberse solicitado 326,27 millones de euros (el 93,2% del total) en 103.038 expedientes. Con un gasto medio de 3.167 euros por operación, apenas queda margen para 7.494 solicitudes más.
La Línea 2, enfocada a empresas y autónomos, corre una suerte similar: con 43,12 millones ya comprometidos (el 86,2% del presupuesto), los trabajadores por cuenta propia ya están en lista de espera y el remanente corporativo —suficiente para unas 1.600 operaciones— se consumirá el martes 24 de noviembre, cinco días antes de las elecciones. Por territorios, Madrid, Cataluña y Andalucía acaparan más del 51% de los fondos, con el vehículo 100% eléctrico liderando las peticiones (más del 62% en particulares y el 65% en empresas).
Ante el temor de que el fin de las subvenciones congele las decisiones de compra justo cuando el mercado roza cifras prepandemia —con previsión de superar los 1,2 millones de turismos vendidos en 2026 y con los electrificados representando ya uno de cada cuatro coches matriculados—, las principales asociaciones han movido ficha.
La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU) y la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) han remitido a las formaciones políticas un decálogo ampliado con doce compromisos urgentes hasta 2030.
Para reactivar la demanda sin depender de convocatorias que se agotan antes de acabar el año, el sector exige un cambio de modelo:
«Los próximos cuatro años serán de vital importancia. El Gobierno que salga de las urnas debe considerar a este sector como de alto valor estratégico, consolidando las medidas que han funcionado y abordando las asignaturas pendientes», subraya Daniel Pérez, presidente de AORU. Para vigilar su cumplimiento, las tres entidades reclaman una mesa interministerial permanente y un cuadro de mando trimestral oficial que audite los cargadores realmente operativos y los tiempos de conexión a la red.
El pulso del sector llega en un momento dulce para las matriculaciones. Impulsados por el encarecimiento de los carburantes debido a las tensiones en Oriente Medio y una mayor confianza tecnológica, los turismos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) acumulan 248.343 unidades vendidas hasta octubre, un 37,6% más que hace un año, alcanzando una cuota del 24,6% (y del 31,5% solo en octubre).
Sin embargo, el horizonte para 2027 queda a expensas del resultado del 29N, al que los cuatro principales partidos concurren con estrategias divergentes: