Maricarmen llegó en 1956 al piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio madrileño de Retiro. El 25 de septiembre salió de allí en camilla. Tiene 87 años y una pensión de 1.450 euros. Pagaba 500 de alquiler, y el fondo que compró el edificio le pedía 2.650. Hubo cuatro intentos de desahucio y el cuarto se ejecutó.
Nadie se saltó la ley. La Ley de Arrendamientos de 1994 solo protegía a quien tuviera una discapacidad del 65 % o más, y ella tiene reconocido un 50 %. Le faltaron quince puntos de un certificado para morir en su casa.
Esa ley se aprobó con Felipe González. Y eso explica la vivienda en España: un problema construido, ley a ley, por todos los que han gobernado.
Con Aznar, la Ley del Suelo de 1998 declaró urbanizable casi todo el suelo con la promesa de bajar los precios, y lo que llegó fue la mayor burbuja de nuestra historia. Zapatero no supo pincharla. Con Rajoy, los alquileres pasaron de cinco a tres años de duración mínima, y la vivienda protegida tocó fondo: 4.938 viviendas terminadas en 2017. En plena crisis, el Ayuntamiento de Ana Botella y la Comunidad de Madrid vendieron casi 5.000 pisos públicos a fondos de inversión. Los tribunales no vieron delito. Lo que sigue siendo discutible es la decisión política de vender vivienda pública cuando más falta hacía.
La derecha tiene su réplica, y también tiene base: Sánchez es el presidente que menos vivienda protegida ha terminado, y su Ley de Vivienda está bajo sospecha de haber reducido la oferta de alquiler.
El resultado de cuatro décadas: solo el 14,5 % de los jóvenes ha logrado irse de casa, y un alquiler medio se lleva el 98,7 % de su sueldo.
Mientras tanto, en Buenos Aires o La Habana se formaban otras colas. La ley de nietos ha concedido la nacionalidad a unos 600.000 descendientes de exiliados. Para esas familias es una reparación que llega con ochenta años de retraso. Hoy también es un asunto electoral: el voto exterior favorece al PSOE, el Supremo ha suspendido de forma cautelar el voto de una parte de ellos con el censo ya cerrado, y PP y Vox quieren derogar la ley. Ambas preocupaciones son legítimas, pero cambiar las reglas a mitad de partido no lo es.
La anciana de Retiro y el nieto de Rosario plantean la misma pregunta: qué le debe un país a los suyos.
Cuando la comisión judicial llegó a casa de Maricarmen, ella no estaba sola. A su puerta había 400 vecinos, muchos de ellos desconocidos para ella: jubilados, chavales que no pueden irse de casa de sus padres, madres que acababan de dejar a los niños en el colegio. No los convocó ningún partido. No lograron parar el desahucio, pero una semana después había una acampada en Sol, decenas de miles de personas en la calle y el nombre de una mujer de 87 años en un decreto ley.
España es un país tranquilo. Vota, acepta los resultados, cambia de Gobierno sin dramas y al día siguiente vuelve al trabajo, a la terraza y a la cola del médico. Esa calma a veces se confunde con resignación, y Gobiernos de todos los colores han cometido ese error.
Lo demostraron los jóvenes que acamparon en las plazas en 2011, la PAH parando desahucios, los jubilados que en 2018 llenaron las plazas bajo la lluvia hasta recuperar sus pensiones y las mujeres de cada 8 de marzo. Ninguna de esas movilizaciones preguntó antes quién gobernaba.
El aviso vale para quien gane el 29 de noviembre. Una mayoría da derecho a gobernar, no a hacer lo que se quiera. Los votos se prestan por cuatro años y con condiciones. Quien entienda el escaño como un cheque en blanco se encontrará con lo mismo que encontró la comisión judicial en Retiro: gente corriente que no grita ni rompe nada, pero que tampoco se mueve de la puerta.
Esa es la fuerza de una democracia madura: un país que vota en paz y defiende sus derechos en paz, con firmeza y sin pedir permiso a nadie. España sabe quedarse en casa, y también sabe salir a la calle cuando hace falta.
Maricarmen ya no vive en su casa. Pero la gente que llenó aquella calle sigue ahí, y seguirá ahí sea quien sea el próximo presidente.