Jueces en huelga

La judicatura, como tantos otros estamentos, es fiel reflejo de la sociedad en la que vive. La sempiterna dicotomía española -las “dos Españas” de Machado- se hace sentir también entre los jueces, agrupados en torno a 3 asociaciones que nada tiene que ver entre sí. Al gobierno de Zapatero cabe atribuir el mérito de haberlos unido por primera vez en su historia. Conservadores de la Asociación Profesional de la Magistratura, progresistas de Jueces para la Democracia e independientes de Francisco de Vitoria se han hecho frente común en sus reivindicaciones. La reunión de 15 jueces decanos de toda España para acordar una jornada de movilización es algo absolutamente inédito y excepcional. Por encima de otro tipo de consideraciones, dos son los argumentos básicos en los que fundamentan sus demandas: la ingerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo y la precaria situación de la Justicia en España.


Entre las cualidades de un buen ministro está la de ser capaz de fomentar el entendimiento, así como mantener una actitud conciliadora. Ocurre que nada de esto se da en el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Su arrogancia -en eso va de la mano con su colega Magdalena Alvarez- no parece la mejor herramienta a la hora de solucionar problemas. A raíz de la sanción impuesta por el anterior CGPJ al juez Tirado por el “caso Mari Luz”, refrendada por el actual Consejo, Bermejo y otros destacados socialistas, como José Blanco y María Teresa Fernández de la Vega, abrieron la veda de las descalificaciones contra un CGPJ que consideraban más “suyo”, y por ende, contra los jueces en general. Ayer argüía el titular de Justicia que en democracia, la crítica a los poderes del Estado es saludable. Nada que objetar, si no fuera porque tal crítica ha de ceñirse a unos límites. Y que el Ejecutivo y el Legislativo hayan arremetido contra el Judicial con semejante energía supone una intromisión intolerable. Porque siendo grave que destacados miembros del partido gobernante critiquen abiertamente la actuación de los jueces, lo es más que sea el propio ministro de Justicia quien se distinga en esta faceta. Por otra parte, subyace el eterno problema de la escasez de medios materiales y humanos que padece la Justicia. A lo que hay que sumar el aumento de trabajo en los juzgados, fruto del desarrollo efectivo del estado de derecho. En efecto, el ciudadano cada día es más consciente de los derechos que le asisten, y el ejercicio de los mismos conlleva un incremento de la carga judicial.


Y lo peor es que no parece que la solución esté cerca. Si reflexionamos sobre el tema –fuera ya de gobiernos y colores- desde tiempo inmemorial, es chocante la poca atención que la administración española, en particular, y europea en general, presta a la justicia, precisamente la tarea para la que se inventó esto que llamamos Estado. El cual, por otra parte, no puede parar. En base a ello, sus poderes tampoco. Tan impensable sería una huelga del poder Judicial, como del Ejecutivo o del Legislativo -aunque estos dos últimos bien parecen estarlo en ocasiones-.