La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró este jueves que si se demuestra que "alguna persona en la Comunidad ha participado en espionajes, seguimientos o lo que sea, al nivel que tenga, inmediatamente, será expulsado".
En una comparecencia ante los medios, la dirigente regional mencionó las palabras del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en las que afirma que la trama parte de la Comunidad, y en este sentido, advirtió tanto al primer edil como a "aquellas otras personas que den por buena la información" que ha publicado estos días el diario 'El País' de que "tendrán que probarlo, demostrarlo", o en su caso, rectificar. Si no, se verán en los tribunales, amenazó.
Así, indicó que "no hay nadie más interesado" que la Administración autonómica en que se aclare este asunto. "No hay nadie más interesado que nosotros, yo misma como presidenta y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en que se aclare este asunto, que haya luz y taquígrafos, la máxima transparencia", subrayó Aguirre, quien mantuvo que no puede aceptar que se esté acusando al Gobierno "sin pruebas de delitos muy graves en un Estado de Derecho".
Aguirre, que insistió en que en la Comunidad de Madrid "no hay montado ningún servicio o estructura de espionaje ni nada que se le parezca", dijo que quien siga manteniendo estas afirmaciones las tendrá que "probar y acreditar" y, si no, tendrá que rectificar, porque, de no hacerlo, será llevado ante la Justicia.
La presidenta regional, que se siente la "principal perjudicada" por la trama de espionaje, aseguró que pone la mano en el fuego por los miembros del Gobierno autonómico, entre ellos el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, y Granados, a quienes relacionan con el asunto.
También relató que de los tres reportajes sobre espionaje aparecidos en prensa (el de Ignacio González, el de Manuel Cobo, y el de Alfredo Prada) "sólo da credibilidad" al de su vicepresidente porque "es el único que está documentado con fotos que demuestran que se le ha espiado y que es una víctima".
"Hay pruebas documentales; por eso ha ido al fiscal y ha abierto diligencias. Los otros no digo que no se hayan hecho, digo que quien tenga pruebas que las presente. Yo lo niego absoluta y rotundamente", apostilló.
A renglón seguido, manifestó que en los dos últimos días ha hablado con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y con la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, además de con Ana Mato y Javier Arenas para aclararles que "no hay ningún servicio de investigación ni espionaje montado". Además, aseguró que le parecen "bien" todos los comunicados que haga el PP.
Gallardón cuestiona la implicación de la Comunidad"Leyendo los informes de El País se llega a dos conclusiones: o son falsos o, si son auténticos, los autores de los informes mismos se confiesan parte integrante de una unidad perteneciente a la Comunidad, e identifican como elementos y espacios suyos a las personas y sedes de las distintas direcciones generales". De esta forma, el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, se cuestiona la implicación del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la supuesta red de espionaje sobre cargos públicos del Ayuntamiento, del propio Ejecutivo autonómico y del Partido Popular, denunciado por El País.
Las palabras del alcalde han sido contestadas por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio González, que ha afirmado que hay que ser "muy cuidadoso" con lo que se dice sobre este grave asunto porque ante imputaciones falsas “podemos acudir a los tribunales".
"Nosotros no tenemos que probar que las acusaciones son falsas sino que son otros lo que deben demostrar, con pruebas, que son ciertas", ha enfatizado el vicepresidente que, según El País, ha sido uno de los espiados por esta supuesta trama.
Al que El País acusa de ser el promotor de estos espionajes,
Francisco Granados, consejero de Presidencia del Gobierno de Aguirre, ha comparecido junto al supuesto espiado González ante los medios de comunicación y ha retado a todos los que tengan pruebas sobre "esta gran mentira" a que las presenten ante la Justicia. Granados considera que estas informaciones son “un gran montaje” que quiere manchar ante la opinión pública la imagen de la Comunidad de Madrid. El consejero del Interior del Gobierno autonómico ha afirmado que esta es una “buena oportunidad” para que se acrediten estas informaciones o para que se rectifiquen estas gravísimas acusaciones que El País publica acerca de la Comunidad de Madrid.
El PP mira a InteriorAl tiempo los responsables autonómicos tachan de “gran mentira” este caso y piden que se aclare ante los tribunales, el dirigente popular
Esteban González Pons ha asegurado que para identificar a sus visitantes oficiales mediante las matrículas de sus coches, los supuestos espías han tenido que recabar información a través del Ministerio del Interior. "Hay información contenida en los dosieres que no se puede conseguir sin la connivencia de Interior, como identificaciones de personas y matrículas", ha explicado el vicesecretario popular. Por otra parte, González Pons se ha preguntado: "¿Quién está detrás de esta investigación a los populares?".
Por todo ello, el vicesecretario popular ha pedido que se abra una investigación policial, ya que se está hablando "no sólo de fuerzas parapoliciales sino de la vinculación de éstas con las fuerzas policiales", ya que ha insistido en que "la comprobación de la propiedad de un vehículo a partir de una matrícula no se puede hacer sin la connivencia de Tráfico y del Ministerio del Interior".
Las declaraciones de González Pons han sido contestadas por el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero que ha afirmado que los populares “desde Génova saben muy bien a quien tienen que mirar” en vez de acusar ahora a Interior. Además, Zapatero ha pedido un “poco de rigor en un asunto tan grave”.
Por su parte, la secretaria general y presidenta del PP de Castilla-La Mancha ha comentado que hasta ahora sólo "tenemos la constancia de que ha aparecido en medios de comunicación la denuncia de esos hechos". Tras esto, su partido tomará "las más enérgicas medidas" acerca de este tema, "totalmente vergonzante en un Estado de Derecho", ha dicho. Y ha agregado: "no sabemos si esos hechos son o no ciertos, pero de serlo son hechos gravísimos, gravísimos, y tengo que trasladarles la completa indignación de mi partido por que pueda haber seguimiento, espionaje o cualquier tipo de vigilancia hacia militantes del Partido Popular".
La dirigente popular ha indicado que desde hace unos días y, "por orden del presidente nacional del partido, Mariano Rajoy", ha recalcado, está recabando toda la información disponible acerca de este asunto y que esta misma tarde se emitirá un comunicado al respecto desde la dirección nacional del partido.
La Fiscalía abre ahora su investigaciónLa Fiscalía de Madrid ha abierto una investigación tras las denuncias presentadas por un supuesto caso de seguimiento y espionaje a miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento, y ha acordado citar a Francisco Mercado, periodista de "El País" autor de la información, como testigo. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la investigación se abre tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por los presuntos seguimientos de que han sido objeto en los últimos meses.
La Fiscalía ha emplazado a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para que informe sobre si tiene algún tipo de relación con el ex inspector de Policía Marcos Peña, que según las informaciones periodísticas dirigía el "servicio de espionaje" y fue fichado por el consejero, Francisco Granados, en julio como asesor para temas de seguridad. En concreto, se emplaza a que informe sobre si mantiene relación con esa Consejería o con cualquier otra u órgano de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía ha decidido además oficiar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior para que remita cuanta información tenga en relación a los seguimientos a Ignacio González, Manuel Cobo y Alfredo Prada publicados. Según el TSJ, en principio esta Fiscalía no tiene prevista ninguna otra diligencia, a salvo de las que puedan derivarse del resultado de las diligencias acordadas.
La asociación policial dice que hay "utilización pervertida de fondos"La Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, Unijepol, ha afirmado que la existencia de un grupo que realiza "funciones parapoliciales" para la Consejería de Interior, si "no llega a constituir una actividad delictiva", al menos "sí
supone una utilización pervertida de los fondos públicos". Unijepol ha explicado, en un comunicado, que la existencia de ese grupo "pone de manifiesto la
existencia de prácticas totalmente injustificadas, injustificables e inaceptables en una sociedad democrática".
Ha recordado que, según la normativa vigente, las competencias de la Comunidad de Madrid relativas a la protección de sus personalidades e instalaciones "
sólo pueden ser legalmente desarrolladas a través del convenio que dicha institución suscribió con el Ministerio del Interior (por guardias civiles) y, en su defecto, por personal de seguridad privada que disponga de la habilitación correspondiente".
Para Unijepol, "la existencia de un grupo de ex policías y ex guardias civiles contratados como cargos de confianza de la Consejería de Interior y dedicados a la investigación de actividades legales de cargos públicos de diversas instituciones o de la mafia policial de Coslada,
nunca podrá tener, en términos legales, ninguna justificación".
La asociación ha recordado que lleva tiempo expresando su disconformidad con la política de nombramientos de personal directivo y otros cargos de la Consejería de Interior, ya que se basa "en la contratación de ex funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, cuya cualificación y experiencia profesional está muy poco relacionada con las legítimas competencias en seguridad de la Comunidad de Madrid".