Fracasa la negociación con Bermejo y los jueces irán a la huelga el 18 de febrero

Las asociaciones judiciales mantienen las protestas anunciadas para el 18 de febrero y la convocatoria de una huelga el 26 de junio tras la reunión mantenida con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al considerar "vigente a todos los efectos" el documento en el que planteaban esas movilizaciones.

Así lo ha asegurado a los periodistas el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, que junto a representantes de Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) se ha reunido este lunes con Bermejo para estudiar las reivindicaciones de la carrera judicial.

Por su parte, el titular de Justicia ha considerado que "no se justifica" el mantener las movilizaciones anunciadas para el próximo mes "con el clima" que ha reinado en el encuentro, que ha calificado de "bueno y de respeto institucional".

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Lorenzo del Río, ha explicado a EL IMPARCIAL que el tono de la reunión ha sido "constructivo", a pesar de que las asociaciones no se han mostrado "satisfechas del todo" con el encuentro.

Lorenzo del Río ha comentado a este diario que la principal exigencia que pretenden conseguir es el compromiso del establecimiento de la oficina judicial para 2010. "Para ello -ha matizado Del Río- es necesario que el Congreso apruebe el proyecto antes de verano".

Los jueces también pretenden la apertura de la mesa de negociación sobre los sueldos en los próximos cinco años. El portavoz de AJFV ha añadido que "no pretenden una subida salarial en mitad de la crisis económica, pero sí el compromiso para estudiar dicha petición".

Además, Bermejo se ha mostrado de acuerdo con la supresión de traslado forzoso por ascenso y ha añadido que ya está previsto arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales y que se reduzca el número de funcionarios interinos en los Juzgados "y existan funcionarios titulares bien preparados".

Las asociaciones, sin embargo, han considerado insuficiente el nivel de compromiso mostrado por el ministro respecto a la devolución a los jueces de la facultad de señalar las vistas -que la reforma legal aprobada por el Gobierno atribuye a los secretarios judiciales- y al incremento de la planta judicial.

Del Río ha dicho que, aunque de momento hay que analizar el encuentro más a fondo, Justicia se ha mostrado partidaria de la modernización de la Administración en un plazo corto, para el que añadirá una partida de 20 millones de euros, lo que supone el incremento en un 30 por ciento de los 72 millones que ya había presupuestados, y del estudio del plan integral de gestión. Además, el Ministerio les ha anunciado la creación de un consorcio que interconecte de forma informática los juzgados españoles.



Justicia destinará 20 millones de euros a la modernización de la Administración
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, prometió a las principales asociaciones de jueces un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un "importantísimo esfuerzo añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados".

"El Gobierno ha decidido hacer un importantísimo esfuerzo económico añadido de 20 millones de euros, que supone un aumento de casi un 30 por ciento de la cifra ya presupuestada", indicó el ministro junto a una serie de medidas que entrarán en vigor, según anunció, en este 2009. Bermejo anunció, entre otras cuestiones, el desarrollo durante este año, de un sistema de comunicación telemática o la creación de un consorcio entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el intercambio de información.

¿Qué piden los jueces?
Concretamente, las exigencias de los jueces se basan en 8 puntos entre los que se encuentran la urgente instauración de la nueva oficina judicial, establecer un calendario concreto para la modernización tecnológica, que el Ministerio asuma el compromiso de que la agenda de señalamientos seguirá en manos de los magistrados, y no de los secretarios; y arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.

Ademas, los jueces piden la inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial y que se proceda a la adecuación quinquenal en materia de retribuciones, especialmente en lo referente al pago de servicios de guardia, entre otras cuestiones.

El pasado lunes, en el marco de la Comisión Mixta Ministerio-CGPJ se aseguró que la mayoría de las pretensiones de los jueces y magistrados son "asumibles". De hecho, aunque sin establecer un calendario concreto, el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, manifestó la voluntad del Departamento a la hora de mejorar las retribuciones para los jueces de guardia y la supresión del traslado forzoso, aunque advirtió que no habrá subidas salariales generales en 2009.